Kicillof entrega a la Suprema Corte las obras judiciales en Mar del Plata
El gobernador Axel Kicillof ha dado luz verde para que el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos transfiera la responsabilidad de estudiar, ejecutar y supervisar obras en edificios en Mar del Plata al Supremo Tribunal de Justicia de la provincia de Buenos Aires. Esta decisión se formalizó a través del decreto 700/2026, publicado el viernes en el Boletín Oficial. El texto señala que muchos de estos inmuebles se encuentran en un estado de gran deterioro, lo que hace imperativa una intervención rápida, considerando su valor arquitectónico y patrimonial.
Además, se menciona que la situación crítica en estos edificios judiciales hace que los trabajos sean urgentes. Los fundamentos de esta acción aclaran que las obras sobrepasan el límite que puede gestionar la Corte directamente, lo que justifica esta delegación bajo la Ley 6021 y su correspondiente decreto.
Antecedentes y Proyectos
Esta decisión no surge de la nada. Hace años, se han estado realizando compras de inmuebles en distintos departamentos judiciales para abordar la emergente crisis edilicia. En Mar del Plata, por ejemplo, se compraron en 2023 dos propiedades patrimoniales—Villa Devoto y Villa de Bary—a solo 100 metros de los Tribunales. Esta inversión ascendió a cerca de dos millones de dólares, y ya se estaban llevando a cabo tareas de restauración. También se avanza en la adquisición de un antiguo hotel ubicado en Entre Ríos 2262, muy cercano a los Tribunales.
La Crisis Edilicia
La situación del edificio judicial en Mar del Plata es parte de un problema más amplio. La Asociación Judicial Bonaerense (AJB) ha denunciado problemas similares en muchos edificios del Poder Judicial en la provincia. En 2026, muchas dependencias se encuentran en un estado alarmante, con un deterioro continuo que no solo interfiere en el funcionamiento diario, sino que también pone en riesgo la salud de los trabajadores judiciales.
Marco Normativo
La normativa que permite esta delegación se basa en la Ley 13.795, que declaró la emergencia de la infraestructura del Poder Judicial bonaerense, y fue complementada con el Plan de Infraestructura aprobado por la Ley 14.190. Este mecanismo de delegar la gestión de algunas obras a la Corte, en lugar de llevarlo adelante directamente desde el Ministerio de Infraestructura, ya se había utilizado en 2015, cuando se pudo dar respuesta a situaciones urgentes.
Así, la Casa de Justicia en nuestra querida Mar del Plata busca resolver situaciones de larga data, que repercuten no solo en la estructura física, sino también en el bienestar de quienes trabajan en ella y en la calidad del servicio que se ofrece a la comunidad. ¡Esperemos que estas obras sean un paso firme hacia un futuro mejor!