Juristas y profesores piden posponer tratamiento de derecho penal
La Asociación Argentina de Profesores y Profesoras de Derecho Penal se mostró preocupada por el tratamiento acelerado de la reforma penal en las sesiones extraordinarias del Congreso. En un comunicado, expresaron que “la necesaria actualización del Código Penal argentino” no puede hacerse sin un diálogo amplio y consensuado entre las distintas fuerzas políticas y la sociedad civil.
El comunicado lleva las firmas de reconocidos juristas, como el camarista de Casación y profesor de la UBA y UNLP, Alejandro Slokar, el profesor emérito de la UBA y exjuez de la Corte, Raúl Zaffaroni, y otros destacados académicos. Ellos señalaron que las declaraciones del gobierno no promueven un proceso democrático, sino que apoyan una codificación ideologizada y sin el diálogo ni los aportes técnicos necesarios para legitimar una reforma de este calibre.
Los expertos pidieron al Congreso que “posponga el tratamiento de la reforma penal para las sesiones ordinarias”. Además, subrayaron la importancia de incluir en el debate a universidades, colegios de abogados y organizaciones de derechos humanos, para que puedan dar sus aportes críticos sobre el proyecto que impulsa el actual gobierno.
Nuevo proyecto de Código Penal apoyado por el INECIP
El Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), a través del diputado nacional Fernando Carbajal, presentó en el Congreso el “Anteproyecto de Ley de Reforma y Actualización Integral del Código Penal de la Nación”. Este proyecto busca reorientar el debate que ha instaurado el Poder Ejecutivo en las últimas semanas.
Lo que diferencia este anteproyecto del del gobierno es su metodología y legitimidad. El texto, elaborado originalmente en 2007, destaca por su calidad técnica y pluralidad. “Fue resultado del trabajo ad honorem de expertos y fue sometido a un extenso debate público”, señalaron desde el INECIP. Este proceso involucró a más de 20 universidades nacionales y diversas organizaciones de la sociedad civil, así como a operadores judiciales.
Por otro lado, el INECIP advirtió que la propuesta del gobierno carece de un debate previo, lo que socava la legitimidad de una ley tan crucial. “No puede ser el producto exclusivo de un pequeño grupo de personas”, afirmaron. También señalaron que el enfoque del gobierno, centrado en aumentar penas, corre el riesgo de caer en un “punitivismo demagógico” que no ha mostrado efectividad en la reducción de la criminalidad.
El fortalecimiento de penas podría llevar a un aumento en la tasa de encarcelamiento dentro de un sistema penitenciario que ya está colapsado. El INECIP ha reiterado en distintas oportunidades la importancia de un debate plural para construir consensos. Esto debería ir más allá de los despachos oficiales, incorporando a la academia, operadores judiciales y, especialmente, a organizaciones de la sociedad civil, incluyendo a las asociaciones de víctimas y organismos de derechos humanos.
“No podemos permitir que el debate se reduzca a frases hechas”, concluyeron.