La jueza Karina Andrade ha ordenado la liberación de 114 detenidos durante las manifestaciones en el Congreso Nacional, generando un debate sobre la actuación de las fuerzas de seguridad. En su fallo, Andrade argumentó que la información sobre las detenciones se volvió cada vez más imprecisa, dificultando su tarea judicial.
Detalles del fallo judicial
Andrade destacó que a medida que se llevaban a cabo las detenciones, no se proporcionaban detalles sobre la hora y el lugar de los hechos, ni se informaba sobre los delitos específicos que justificaban cada detención. Esta falta de información fue un punto clave en su decisión de liberar a los detenidos.
En su resolución, la jueza enfatizó que es fundamental enmarcar el caso dentro de las exigencias constitucionales y convencionales, ya que estaban en juego derechos fundamentales como el derecho a la protesta, a manifestarse en democracia y a la libertad de expresión. Resaltó que el ejercicio de estas libertades es especialmente relevante en un contexto donde una parte de la sociedad se moviliza en favor de los adultos mayores, uno de los sectores más vulnerables.
Protección de los derechos de los mayores
Andrade mencionó que los adultos mayores están protegidos en la Constitución Nacional y en la Convención Interamericana sobre Protección de Derechos Humanos de las Personas Mayores. También subrayó que los derechos de los ciudadanos a expresarse y criticar a sus representantes son esenciales en un sistema democrático.
Además, la jueza puntualizó que cualquier detención debe estar debidamente registrada, indicando las causas, quién la realizó, y los horarios correspondientes. La ausencia de esta información en los casos analizados fue crítica para su decisión de liberar a los detenidos, señalando que esto no fue responsabilidad del Ministerio Público Fiscal, sino del procedimiento llevado a cabo por las fuerzas de seguridad.
Reacción del Gobierno
La decisión de la jueza ha generado reacciones en el Gobierno, que ha cuestionado fuertemente la medida. Manuel Adorni, vocero presidencial, afirmó que la Justicia de la puerta giratoria es responsable directa de la inseguridad en Argentina. Esto resalta la tensión entre el poder judicial y el ejecutivo en el contexto actual de protestas y manifestaciones.
Durante la marcha de jubilados, que se llevó a cabo el miércoles, se reclamaron mejoras en los haberes jubilatorios. Las fuerzas de seguridad reprimieron a los manifestantes, resultando en 114 detenciones y 25 civiles heridos, incluyendo al reportero gráfico Pablo Grillo, quien se encuentra en estado grave.
