El gobierno de España está trabajando en una medida histórica que podría beneficiar a cerca de 470.000 personas en situación administrativa irregular. Esta iniciativa, impulsada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, busca dar un reconocimiento formal a los migrantes y facilitar su integración en la sociedad española.
La propuesta se centra en la Iniciativa Legislativa Popular (ILP), que tiene como objetivo conceder permisos de residencia y trabajo a quienes hayan llegado a España antes del 31 de diciembre de 2024. Este esfuerzo legislativo se basa en el apoyo de más de 700.000 firmas y ha sido respaldado por todos los partidos en el Congreso, excepto Vox.
Detalles de la Medida Propuesta
La nueva normativa, que se encuentra en proceso de discusión en el Congreso, busca implementar una autorización por circunstancias excepcionales única. Este permiso permitiría a las personas extranjeras que ya residen en España trabajar y vivir legalmente en todo el territorio nacional.
Los criterios para acceder a esta autorización incluirán la ausencia de antecedentes penales, la situación de vulnerabilidad y la forma de demostrar la permanencia continuada en España. La intención es facilitar un proceso más accesible y justo para aquellos que han contribuido a la sociedad española.
Un Paso Hacia la Integración
El borrador de la propuesta enfatiza que la regularización de estas personas es crucial para reducir la inseguridad y la desprotección que genera la falta de estatus legal. La medida también se alinea con el nuevo Reglamento de Extranjería, que busca mejorar el acceso a permisos de residencia para los extranjeros.
Sin embargo, se reconoce que este reglamento no cubre a todos los migrantes, dejando fuera a solicitantes de asilo que han desistido de su proceso y a aquellos en situaciones de vulnerabilidad que no cumplen con los requisitos establecidos. Por esta razón, la ILP se presenta como una solución viable para aquellos que quedan excluidos.
El Futuro de la Inmigración en España
La propuesta del gobierno de Pedro Sánchez podría significar un punto de inflexión en la política migratoria española. Si logra el respaldo mayoritario del Congreso, se convertiría en un reconocimiento formal de los derechos de quienes ya residen y trabajan en el país, a pesar de no contar con los derechos básicos.
La iniciativa busca no solo regularizar a quienes ya forman parte de la sociedad española, sino también reflejar el papel central de la migración en la historia del país. Este movimiento podría facilitar un camino hacia una sociedad más inclusiva y equitativa.
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