Industria solicita amparo judicial para proteger control clave
La relación entre el Gobierno y el sector vitivinícola atraviesa un momento complicado. Todo esto se debe a un conflicto de intereses que surgió a partir de las iniciativas de desregulación en la cadena de producción y la reducción de funciones del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV).
Recientemente, se agregó un nuevo elemento a esta situación: se presentó una acción de amparo ante la Justicia Federal de Mendoza. El objetivo es impedir que la Resolución 37/2025 del INV entre en vigencia el 1 de enero de 2026.
Este recurso judicial fue respaldado por varias entidades del sector, como la Asociación de Viñateros de Mendoza (AVM), la Unión Vitivinícola Argentina (UVA), la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas (Acovi) y la Cámara Riojana de Productores Agropecuarios (Carpa).
El núcleo del debate gira en torno al Certificado de Ingreso de Uvas (CIU). Este documento funcionaba como la “partida de nacimiento” de cada partida de uva que llegaba a una bodega. A través del CIU, se pueden identificar el lote, el origen, la titularidad y las características básicas del envío. Es una herramienta esencial para productores, corredores, bodegas y autoridades, ya que permite sostener cadenas de custodia y verificar la legitimidad en las transferencias.
La resolución en cuestión hace que el CIU sea opcional. Además, se hacen otros cambios que reducen la intervención del INV en los controles previos al fraccionado y concentran la fiscalización en el vino que ya está fraccionado y listo para la venta. Desde el punto de vista de los demandantes, esto significa perder instrumentos clave que hoy garantizan desde la tenencia de la uva hasta la trazabilidad del producto final.
Las organizaciones argumentan que, ante la falta de respuesta a sus reiterados pedidos a las autoridades del Ministerio de Desregulación para reincorporar el CIU como obligatorio, decidieron presentar esta acción judicial para proteger la propiedad del productor vitivinícola y asegurar la trazabilidad del producto. También sostienen que la norma propuesta por el Gobierno implica la eliminación de herramientas regulatorias esenciales para mantener el control sanitario y la transparencia sobre la titularidad de la cosecha.
Se está reclamando la nulidad de la derogación o, al menos, la suspensión preventiva de la resolución hasta que se resuelvan las cuestiones de fondo. Se señala que la medida fue tomada sin una negociación adecuada con las cámaras regionales y que la inminente entrada en vigencia complica la adaptación de los sistemas comerciales y administrativos.
Por su parte, el gobierno y el INV defienden la reforma como parte de una política de desburocratización. La idea es reducir costos y requisitos para el sector.
La respuesta del ministro Sturzenegger
En respuesta al recurso, funcionarios del Ministerio de Desregulación y del INV aseguran que el CIU no desaparece, sino que se transforma: pasaría a llamarse “Declaración Jurada de Certificación de Cosecha” y se ofrecería como un instrumento optativo.
Desde el Ministerio, liderado por Federico Sturzenegger, argumentan que el productor podrá elegir la frecuencia de presentación del CIU: puede ser por camión, semanal, mensual o anual. Esto significa que quien lo considere útil podrá seguir usándolo, mientras que quien no, ya no estará obligado a un trámite que no aporta valor a su operación.
El Gobierno también menciona que un 40% de los CIU no se utilizan para certificar origen, añada ni varietal, ya que corresponden a uvas destinadas a vino genérico, que no requieren esa certificación. La intención del INV es que muchas de sus funciones se concentren en el control del producto fraccionado y en el tránsito comercial regulado, con el fin de simplificar procesos administrativos y mejorar la competitividad del sector.
Sin embargo, esta justificación oficial no logró disuadir completamente el frente empresarial que se había unido para garantizar la continuidad del CIU. De hecho, inicialmente el recurso de amparo había reunido el apoyo de más entidades, pero finalmente quedó limitado a solo cuatro.
Ahora, el sector espera con ansias la decisión de la Justicia Federal de Mendoza. Confían en que se tomarán medidas cautelares para suspender la aplicación de la resolución mientras se dirimen las cuestiones de fondo. Además, no se descarta que el gobierno abra una instancia de negociación técnica con las cámaras para revisar los alcances y plazos de la Resolución 37/2025, que busca unificar normativas y eliminar un total de 970 regulaciones vigentes.