El sistema previsional se encuentra en el centro de un nuevo debate en el Congreso. Especialistas y jubilados se dieron cita en el plenario de comisiones de Previsión Social y Presupuesto y Hacienda para discutir aspectos fundamentales que deberían ser considerados en un nuevo sistema jubilatorio. En este contexto, se han presentado una decena de proyectos en la Cámara de Diputados para aumentar los ingresos previsionales, aunque desde el oficialismo hay escepticismo respecto a la posibilidad de alcanzar un consenso, señalando que todos tienen su propio texto porque la campaña electoral ha influido en el Congreso.
La iniciativa se discute en un plenario de comisiones tras un emplazamiento impulsado por la oposición, con el objetivo de obtener un dictamen único para el próximo martes 13 de mayo. En esta discusión se contemplan nuevas moratorias y mecanismos alternativos para la inclusión previsional, así como el aumento del bono complementario que reciben los jubilados, cuyo monto se encuentra congelado desde 2023 en apenas 70 mil pesos.
Moratoria y jubilaciones: un análisis necesario
La moratoria permitía a las personas en edad jubilatoria —hombres desde 65 años y mujeres desde 60— regularizar sus deudas previsionales para acceder a la jubilación mínima. Sin embargo, este programa finalizará en marzo de 2025, dejando a muchos sin opción, ya que solo podrán acceder a la Prestación Universal al Adulto Mayor (PUAM), que otorga el 80% del haber mínimo jubilatorio, sin derecho a pensiones por viudez.
Actualización de los haberes jubilatorios
La jubilación mínima actual es de $296.481,74, mientras que el haber máximo alcanzará los $1.995.041,47. Por su parte, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se sitúa en $237.185,39 mensuales, y la Prestación Básica Universal será de $135.626,86.
Se estima que, en un contexto de creciente trabajo informal, 243.000 personas (150.000 mujeres y 93.000 hombres) en edad jubilatoria no podrán acceder a haberes previsionales durante 2025 debido a la eliminación de la moratoria. Esta situación plantea desafíos significativos para el sistema y la calidad de vida de muchos jubilados.
Según la Asociación Argentina del Presupuesto y las Finanzas Públicas (ASAP), el gasto en el bono de $70.000 que complementa las jubilaciones mínimas ha registrado en marzo una caída interanual del 37%, mientras que en el acumulado lleva una contracción del 31%. Este panorama resalta la necesidad urgente de una reforma que atienda las necesidades de los jubilados y garantice su bienestar.
La discusión sobre los haberes, la moratoria y el bono complementario es crucial en un contexto electoral, donde las decisiones tomadas hoy influirán en el futuro de miles de argentinos. La situación exige atención y acción por parte de todos los actores políticos y sociales involucrados.
