Gustavo Sáenz y Carlos Sadir critican medida que afecta producción bananera
La reciente decisión de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación de derogar ocho normativas fitosanitarias, entre ellas la emblemática resolución 99 de 1994, ha encendido alarmas en el norte argentino. Los gobernadores de Salta, Gustavo Sáenz, y de Jujuy, Carlos Sadir, han mostrado su descontento con esta medida, advirtiendo que pone en peligro a una producción regional que ya enfrenta grandes desafíos.
Sáenz, en una declaración radial, no se guardó nada: “Un funcionario nacional, de un plumazo, deroga un decreto que nos protegía durante más de 30 años. No es que no queramos competir, pero estos hongos ponen en riesgo nuestras tierras y las vuelven improductivas por años”. Este comentario surgió justo en el marco de la Exposición Rural de Palermo, evento al que Sáenz decidió no asistir, manifestando así su rechazo.
Por su parte, Sadir también alzó su voz. Explicó su preocupación por los productores bananeros en Jujuy y el NOA, resaltando que la eliminación de las normas de protección sanitaria no solo afecta los mercados, sino que pone en peligro una actividad que genera empleo y desarrollo en la región. “Es fundamental cuidar nuestra producción”, enfatizó.
La resolución, que se publicó el 21 de julio, consideró obsoletas las disposiciones de protección. Entre ellas, la resolución 99 limitaba la entrada de bananas de áreas afectadas por plagas devastadoras, como la Sigatoka negra. También cayó la resolución 823 de 2006, que extendía esa protección a Formosa y Misiones.
Un sector en crisis
La producción de bananas en Argentina se limita a Salta, Jujuy, Formosa y Misiones, pero representa solo entre el 10% y el 15% del consumo nacional. Aunque la banana es la fruta más consumida en el país, con un promedio de 12 kilos anuales por persona, la mayoría de la demanda se cubre con importaciones, principalmente de Ecuador.
Salta se lleva la mayor parte de la producción nacional, con alrededor del 70% del volumen, específicamente en los departamentos de Orán y San Martín. Durante años, la superficie destinada a la producción ha disminuido drásticamente. José Luis Checa, presidente de la Asociación de Productores de Frutas y Hortalizas de Salta, señaló que en los años 80 había unas 20.000 hectáreas, y hoy apenas llegan a 3.800. Esto se debe a la competencia desleal de las importaciones y a condiciones climáticas adversas que han agobiado a los productores.
La amenaza
Un gran temor entre los productores es el hongo Fusarium oxysporum f. sp. cubense Raza 4 Tropical (R4T), conocido como Mal de Panamá. Este hongo es mortal para las plantas y, al ingresar a un cultivo, lo destruye por completo. Checa enfatizó: “Si ese hongo entra, se termina la plantación y no se puede plantar banana por 30 o 40 años”. Esto no solo afecta a los productores, sino que puede paralizar una economía regional entera.
Por suerte, hasta ahora, la región ha logrado mantenerse libre de enfermedades gravemente perjudiciales, lo que ha permitido mantener altos estándares fitosanitarios sin la necesidad de utilizar muchos agroquímicos.
El reclamo
Tanto Sáenz como Sadir coincidieron en que esta medida se tomó sin consultar a las provincias afectadas y sin tener en cuenta sus realidades productivas. “Estamos defendiendo nuestras tierras y queremos que desde Buenos Aires comprendan lo que sucede aquí”, expresó Sáenz.
Desde el Gobierno nacional, han argumentado que esta derogación forma parte de un proceso para modernizar regulaciones, aunque aseguraron que esto no significa que las bananas puedan entrar sin controles. Sin embargo, productores y gobernadores argumentan que la situación es crítica: “No se trata solo de comercio, sino de asegurar la supervivencia de una actividad vital”, insistió Sadir.
La otra cara
La derogación afecta no solo al NOA, sino también a las regiones del NEA. En Formosa, la producción de bananas solía ser muy importante, cubriendo hasta el 80% de la oferta nacional. Sin embargo, la competencia de las frutas importadas y problemas de infraestructura han reducido considerablemente la actividad.
En Misiones, la situación es todavía más precaria, ya que la producción es mínima, con solo 30 hectáreas. La resolución que ahora ha sido anulada era la que ofrecía protección sanitaria a estas provincias. Ante esta situación, el gobierno de Salta ya está trabajando para exigir controles rigurosos y certificaciones que protejan la producción local. Los productores han solicitado reuniones con las autoridades correspondientes y no descartan acciones legales si la resolución no se revierte.