Grassi y Cargill presentan su primera oferta en el cramdown
El proceso de cramdown de Vicentin está ahora en una etapa crucial. Después de cinco años en default y un concurso que ya se ha vuelto el más grande de la historia del sector privado en Argentina, el juez Fabián Lorenzini ha tomado una decisión significativa: las acciones de la compañía no tienen valor positivo. Esto implica que los actuales accionistas no podrán recuperar nada. Así, se abre un período donde los interesados tendrán que convencer a los acreedores con sus propuestas antes del 31 de octubre, la fecha límite para evitar la quiebra.
Frente a esta situación, Grassi SA ha dado el primer passo, presentando una propuesta formal que cuenta con el respaldo de Cargill, una multinacional estadounidense que se posiciona como socio estratégico para mantener la operativa de la empresa. El plan de Grassi busca atraer a más de 1.600 acreedores con una variedad de opciones que mezclan recupero de deudas y continuidad industrial, ofreciendo beneficios que son realmente novedosos en el contexto concursal argentino.
Una propuesta tentadora
El esquema de Grassi se basa en tres pilares fundamentales. Primero, se propone la conversión de todas las deudas en pesos a dólares, usando como referencia el tipo de cambio de $60,78 establecido en febrero de 2020, cuando se presentó el concurso. En segundo lugar, plantea un único grupo de acreedores, sin jerarquías, para que todos puedan elegir entre diversas modalidades de recupero. Finalmente, uno de los puntos más atractivos es la posibilidad de recuperar hasta la totalidad de la deuda, e incluso obtener beneficios adicionales, si aportan granos o financiación.
Esto se apoya en el papel estratégico que pueden jugar los acreedores al convertirse en proveedores. Por ejemplo, si aportan soja, podrían recuperar hasta el 200% del crédito convertido a dólares, con un límite máximo de 3,5 millones de toneladas anuales durante diez años. Para quienes no puedan cumplir con estos volúmenes, habrá fideicomisos que permitirán recuperos entre el 80% y el 120%. Además, se ofrecen anticipos financieros de hasta u$s25.000 por acreedor, con un recupero del 140% del crédito original.
La propuesta no se limita a los aportes en granos. Aquellos acreedores que prefieran cobrar en efectivo también tienen alternativas de pago a diez años, recuperando entre el 30% y el 40% del monto reconocido, o bien cobrando de inmediato entre el 9% y el 11% del crédito, aunque estas últimas opciones están limitadas a tres millones de dólares. También se estará disponible la opción de capitalizar hasta un 30% del capital social de la empresa mediante un canje de créditos por acciones dentro de un fideicomiso.
Con este menú de opciones, la corredora rosarina intenta crear un puente entre los intereses de los acreedores y la necesidad de la empresa de mejorar su flujo operativo. Según declararon desde la empresa, el objetivo es reconocer y recompensar a quienes apuesten por la continuidad de la compañía. A tal fin, han lanzado una plataforma online donde cada acreedor puede simular sus diferentes opciones de cobro.
Un tablero con gigantes en pugna
La jugada de Grassi no se desarrolla en un vacío. También están en la competencia Bunge, a través de Viterra, en alianza con la Asociación de Cooperativas Argentinas, y un frente compuesto por Molinos Agro y Louis Dreyfus Company (LDC). Estos son actores con peso en el comercio global de granos y cuentan con un respaldo financiero robusto junto a activos estratégicos en el país.
El verdadero atractivo no radica en las acciones, que como ha confirmado la Justicia, no tienen valor económico, sino en el control de plantas y terminales portuarias claves para el comercio exterior argentino. Vicentin tiene instalaciones en Avellaneda, San Lorenzo y Ricardone, que están funcionando bajo contratos de fasón y que enfrentan problemas técnicos que afectan su capacidad operativa. Los trabajadores del sector aceitero han advertido que, sin reparaciones urgentes, el procesamiento de girasol sólo podrá realizarse hasta noviembre, y el de soja hasta febrero de 2026.
Por lo tanto, el futuro dueño tendrá que invertir en la reactivación industrial y asegurar la sostenibilidad laboral, en una compañía que, antes del default de 2019, era un ícono del agro nacional, y que ahora enfrenta un pasivo de más de u$s1.500 millones.
Carrera contra el tiempo
El juez Lorenzini ha establecido pautas claras: para que una propuesta avance, debe obtener un 50% de adhesiones de los acreedores y dos tercios del capital antes del 31 de octubre. El 24 de octubre se llevará a cabo una audiencia informativa en Reconquista, donde se evaluará el avance del proceso.
Si ninguna propuesta logra las mayorías necesarias, la alternativa será la quiebra, un desenlace que no solo acabaría con la historia de Vicentin, sino que también afectaría la estructura del negocio agroexportador argentino.
Con el respaldo del Fideicomiso Acreedores Granarios, que reúne a más de 70 empresas productivas, la propuesta de Grassi y Cargill parte con un apoyo notable. Sin embargo, la competencia apenas comienza y se anticipa una batalla intensa por activos estratégicos, donde el resultado delineará no solo el futuro de Vicentin, sino también un nuevo equilibrio en el mapa del comercio de granos en Argentina.