El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, anunció la suspensión de todos los pagos al ente público Espacio para la Memoria y Defensa de Derechos Humanos. Esta decisión se enmarca dentro de un proceso de auditoría que busca esclarecer cómo se ha utilizado el presupuesto asignado a dicho organismo, que asciende a más de 3.000 millones de pesos anuales.
La medida fue tomada en el contexto de un plan del gobierno conocido como motosierra, orientado a reducir gastos y eliminar lo que consideran privilegios de la casta. Cúneo Libarona explicó que esta auditoría es esencial para identificar la falta de control sobre los gastos realizados por el ente, que, según él, operaba sin la debida fiscalización.
Detalles sobre el Gasto en Derechos Humanos
El ministro señaló que el ente de derechos humanos había gastado cantidades significativas, como $16.000.000 al mes solo para el mantenimiento del predio de la ESMA. Cortamos con una caja millonaria gestionada por 13 organismos de Derechos Humanos, que gastaron $3.359.732.866 anuales de los contribuyentes, afirmó Cúneo Libarona. Esta declaración subraya la intención del gobierno de revisar y posiblemente reestructurar la gestión de recursos en el ámbito de los derechos humanos.
Cúneo Libarona también destacó que desde su administración se han despedido a 405 empleados de la Secretaría de Derechos Humanos, lo que representa un recorte del 44% del personal anterior. Además, se eliminaron el 39% de los cargos jerárquicos, enfatizando que uno de los objetivos de su gestión es poner fin a los negocios que se habrían montado en torno a los derechos humanos.
Impacto del Plan Motosierra
El gobierno también ha implementado una estrategia de recortes en subsidios, que ha alcanzado un 50% en los primeros meses del año, según un análisis de la Asociación Argentina del Presupuesto y las Finanzas Públicas (ASAP). Estos recortes afectan principalmente las ayudas para electricidad y transporte, y han llevado a un aumento en las tarifas y los pasajes.
Este enfoque ha generado un debate sobre la sostenibilidad de las políticas de ajuste y su impacto en sectores vulnerables de la sociedad. La comunidad y los organismos de derechos humanos han expresado su preocupación por el desmantelamiento de áreas clave y la falta de atención a las necesidades de quienes requieren apoyo en este ámbito.
Es crucial que la sociedad esté atenta a los cambios en la gestión de derechos humanos y a las decisiones del gobierno que podrían afectar el bienestar de muchos ciudadanos.
