Gobierno promulga ley de emergencia y beneficios en Bahía Blanca
El Gobierno de la provincia de Buenos Aires ha tomado una decisión importante esta semana. Se publicó en el Boletín Oficial la Ley 15.542, que declara la emergencia social, económica, sanitaria, ambiental y urbana en Bahía Blanca por un periodo de 180 días. Esta medida surge a raíz de los daños provocados por un fenómeno climático que azotó la ciudad.
La normativa, que fue sancionada por la Legislatura a principios de octubre, también ratifica el Decreto 316/2025. Con ello, el Ministerio de Ambiente se ve facultado para implementar acciones especiales que aseguren la correcta gestión de los residuos generados durante esta crisis. Esto incluye la posibilidad de crear un Comité Temporal de Emergencia en colaboración con el municipio, facilitando así procedimientos para obtener permisos y autorizaciones necesarios.
Dentro de los beneficios que se ofrecerán a los habitantes y negocios afectados, se destacan varias medidas fiscales. Por ejemplo, habrá exenciones en el pago de la primera cuota o incluso de la totalidad del Impuesto Inmobiliario y Automotor de 2025, dependiendo de cuánto se haya visto perjudicado cada contribuyente. Además, se suspenderán embargos y desalojos relacionados con el pago de alquileres de viviendas que sufrieron daños, todo esto por un plazo de 90 días.
La ley también menciona que la Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA) podrá establecer planes de pago para quienes se vean perjudicados, mientras que el Banco Provincia ofrecerá líneas de crédito especiales para ayudar en la recuperación de bienes dañados.
Adicionalmente, se creará una Comisión Bicameral que estará formada por legisladores de la sexta sección electoral. Esta Comisión tendrá la tarea de supervisar la ejecución de las obras y gestiones que se deriven de la ley.
Por último, se suspenderán los aumentos de tarifas en servicios esenciales como electricidad, gas y agua durante el período de emergencia. También se pedirá al Gobierno nacional la exención del IVA y de tasas registrales para facilitar la reconstrucción de viviendas, comercios y automóviles que hayan sido afectados.
Esta normativa fue sancionada el 2 de octubre de 2025 y se hizo oficial recientemente, marcando un paso significativo en la respuesta a los desafíos que enfrenta la comunidad de Bahía Blanca.