El Gobierno Nacional ha tomado la decisión de autorizar a las Fuerzas Armadas a realizar detenciones transitorias de civiles en la frontera norte, específicamente en casos de delitos de flagrancia. Esta medida fue confirmada por el ministro de Defensa, Luis Petri, quien afirmó que los militares no utilizarían armas durante estas detenciones.
Petri defendió la medida, señalando que es una decisión controvertida para aquellos que defienden a narcos, terroristas y delincuentes violentos. A través de su cuenta en la red social X, el ministro instó a la población a reflexionar sobre de qué lado están.
Marco legal de la medida
El funcionario explicó que la ley permite a las Fuerzas Armadas reforzar el control fronterizo y que la posibilidad de detención en casos de flagrancia está contemplada en los Códigos procesales de las provincias y de la Nación. Además, agregó que solo el sesgo ideológico ha impedido que las fuerzas armadas cumplan su función de manera efectiva, a diferencia de los países vecinos que utilizan a sus militares para el control y vigilancia de fronteras.
Objetivos y limitaciones
La resolución establece que el objetivo principal de esta medida es restringir el uso de la fuerza, permitiendo acciones únicamente en defensa propia o en protección de terceros ante agresiones inminentes. Es importante destacar que no se permite el uso de armas contra vehículos o personas que intenten evadir controles, incluso si existen sospechas de actividad ilícita.
Esta decisión ha generado un intenso debate en la sociedad, con opiniones divididas sobre su efectividad y la ética de utilizar a los militares en funciones de seguridad pública. La cuestión central es si esta estrategia realmente contribuirá a mejorar la seguridad en las fronteras o si, por el contrario, podría agravar la situación.
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