Gobierno aclara postura sobre la CGT y mantiene protocolo antipiquete

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, se encuentra ante un importante reto en su nuevo cargo. Este jueves, deberá enfrentar una convocatoria masiva convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT) que tiene como objetivo protestar contra la reforma laboral. Esto no solo pone a prueba su habilidad para coordinar las fuerzas de seguridad, sino que también marca su primer examen en la gestión de eventos con alta concentración ciudadana.

Desde el Ministerio, aseguran que se mantienen activos los protocolos de actuación y no hay cambios significativos en los mismos. Lo que puede variar es el número de asistentes a las marchas. Según funcionarios, tanto en el ministerio como en Balcarce 50, minimizan el alcance que puede llegar a tener esta convocatoria.

Los voceros del ministerio insisten en que las pautas operativas están diseñadas para adaptarse a diferentes tamaños de masa y que las fuerzas de seguridad tienen órdenes claras sobre cómo actuar. En líneas generales, no hay nada que no se haya hecho antes, aseguran.

Monteoliva estará monitoreando la situación desde el Comando Unificado del Ministerio de Seguridad, un centro de control en Gelly y Obes, donde se sigue al minuto la preparación de las fuerzas y su despliegue en el territorio.

En su mensaje en redes sociales, la funcionaria destacó que un grupo reducido, que se autodenomina antifascista y ya ha sido denunciado por el ministerio, intentó derribar parte del vallado y tuvo enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. Reiteró que la regla es permitir manifestaciones pacíficas y que, en caso de violencia, la intervención de las fuerzas será necesaria. Además, subrayó que los protocolos existentes siguen en vigencia.

Monteoliva busca continuar con la “doctrina Bullrich”, que se centra en reforzar la acción policial durante las protestas. Aunque su equipo formula que no se trata de una replica exacta, reconocen el acuerdo en tener un enfoque firme, pero regulado.

Dentro del Gobierno aseguran que no existe temor ante los reclamos de la población ni se improvisará en la respuesta. Desde el Comando Unificado se reitera que la prioridad es la seguridad de todos los ciudadanos, incluyendo tanto a quienes participan en las marchas como a quienes no.

En la Casa Rosada, los números de participación que se mencionan en las convocatorias son relativizados. Se desliza que la protesta no es un inconveniente para el oficialismo, e incluso se señala que la visibilidad de los gremios podría ser beneficiosa para su estrategia política. Mientras los colectivos organizan su logística y el Gobierno asegura su respuesta, la política vuelve a encontrar su escenario en las calles. Este clima de tensiones mutuas convierte a la march a en un claro indicador de fuerzas tras el cambio de mando.

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