La situación de Manuel García-Mansilla en la Corte Suprema se ha vuelto insostenible tras la contundente derrota que el Gobierno sufrió en el Senado. Las expectativas de que García-Mansilla y Ariel Lijo asumieran como jueces de la Corte se desvanecen, y la presión aumenta para que presente su renuncia. El Gobierno, en un intento desesperado por revertir la situación, ha solicitado un per saltum a la Corte, buscando que se defina una causa que prohíbe la intervención del juez federal Alejo Ramos Padilla en cuestiones judiciales.
Este movimiento revela la falta de opciones del oficialismo, ya que la decisión del Senado de rechazar su pliego con 51 votos en contra debería ser suficiente para sellar su destino. García-Mansilla ha comunicado su intención de consultar sobre su permanencia, pero la Corte ha sido clara: no hay lugar para consultorías en este contexto. La situación es crítica y, a medida que los días pasan, su prestigio académico se ve comprometido.
La Reacción del Gobierno y el Contexto Judicial
El Gobierno está claramente frustrado por esta derrota. García-Mansilla no se presentó en la Corte, lo que indica que su rol como vocal está en la cuerda floja. Su token de acceso ha sido desactivado y no ha podido incorporar colaboradores, lo que demuestra un completo aislamiento en el ámbito judicial. A medida que la presión aumenta, se prevé una movilización de sindicatos para exigir su salida, lo que añade una dimensión adicional a su ya precaria situación.
Un Per Saltum Hacia la Nada
El intento del Gobierno de llevar el caso a la Corte es considerado un esfuerzo fútil. No hay discusión jurídica abierta, y el rechazo del Senado es claro. Sin embargo, el Gobierno parece decidido a mantener a García-Mansilla en su puesto, ignorando las evidencias de que su permanencia es insostenible. Esta situación crea un ambiente de tensión en el sistema judicial, donde la falta de acción por parte del Gobierno ha dejado a la Corte sin soluciones efectivas a los problemas existentes.
Una Idea Alocada para el Sistema Acusatorio
En medio de esta crisis, surgen nuevas propuestas sobre la implementación del sistema acusatorio, especialmente en el estratégico fuero de Comodoro Py. La falta de fondos para llevar a cabo esta transición es alarmante, y el Gobierno se enfrenta a la presión de los sindicatos y la opinión pública. Sin embargo, la idea de federalizar la justicia nacional en lo criminal y correccional ha comenzado a circular, ofreciendo una solución que no requiere inversión financiera y podría desestabilizar aún más la situación judicial.
Este proyecto, que se remonta a la época de los Centauros de Gustavo Béliz, propone crear un fuero nacional de crimen organizado y complejo, transfiriendo la competencia penal de la justicia nacional a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Aunque la propuesta puede parecer atractiva, plantea serias dudas sobre su viabilidad y efectividad en el contexto actual.
El escenario es incierto y la presión sobre el Gobierno aumenta. La situación de García-Mansilla es un reflejo de las luchas internas y la falta de dirección en la política judicial. Con el tiempo en su contra, la pregunta que queda es: ¿será capaz el Gobierno de encontrar una solución efectiva antes de que la situación se vuelva insostenible?
