Fiscal solicita anular el procesamiento de Alberto Fernández en caso Seguros
El fiscal José Luis Agüero Iturbe ha pedido recientemente que el ex-presidente Alberto Fernández sea declarado en estado de falta de mérito en la causa conocida como “Seguros”. Esto significaría que, aunque no se sobresee al expresidente, la investigación podrá seguir sin la imputación formal que enfrenta actualmente.
La audiencia se llevó a cabo en la Cámara Federal, donde Fernández asistió acompañado de su abogada defensora, Mariana Barbitta. Durante la audiencia, el fiscal argumentó que aún son necesarias nuevas medidas de prueba antes de determinar si Fernández tuvo alguna responsabilidad en las contrataciones de seguros durante su gestión.
Decisión pendiente de la Cámara Federal
Ahora, la decisión recae en los jueces de la Cámara Federal: Eduardo Farah, Martín Irurzun y Roberto Boico. Ellos deberán resolver después de escuchar a los otros procesados en la causa. Fernández y su defensa han solicitado la nulidad del procesamiento, alegando que se han violado sus derechos de defensa.
Un camino judicial complicado
El andar judicial de esta causa ha sido todo un enredo. En julio de 2024, la Corte Suprema ya había desestimado un intento de Fernández de apartar al juez Julián Ercolini, quien estaba a cargo del caso. Los jueces del máximo tribunal concluyeron que el recurso presentado no era válido.
Aunque Ercolini ya no interviene, ya que solo estaba subrogando el Juzgado Federal N°11, la defensa ha cuestionado su actuación y buscaba establecer un precedente sobre una supuesta parcialidad. Ahora, desde febrero, la investigación es llevada adelante por el juez Sebastián Casanello.
Fernández expone su punto de vista
Fernández se presentó directamente en la Cámara para hablar de su enemistad con Ercolini, mencionando que habían tenido una relación amistosa que se deterioró tras decisiones judiciales en contra del kirchnerismo. Recordó también que promovió una denuncia contra el juez ante el Consejo de la Magistratura. Esta línea de defensa ha sido desestimada en varias instancias judiciales.
Mientras tanto, el juez Casanello ha procesado a Fernández por “negociaciones incompatibles con la función pública”, un delito que puede llevar a penas de hasta seis años de prisión. Casanello sostiene que Fernández favoreció a Héctor Martínez Sosa, un broker de seguros cercano a su entorno personal, utilizando su rol de presidente para impulsar los negocios de este grupo dentro del Estado.