La Procuraduría de Violencia Institucional ha solicitado una investigación sobre el accionar policial durante la represión ocurrida en una reciente marcha de jubilados, donde se reportaron 25 heridos, incluyendo a una jubilada de 87 años y al fotógrafo Pablo Grillo, quien se encuentra hospitalizado en estado grave.
La denuncia de oficio fue presentada por el fiscal general Alberto Gentili, enfocándose en los incidentes que involucraron a estos dos afectados. La jubilada sufrió un empujón de un efectivo policial, lo que resultó en un fuerte golpe que la dejó desmayada en la vereda. Afortunadamente, otros manifestantes la asistieron y fue trasladada al hospital Algerich con un politrauma, recibiendo el alta el mismo día.
Estado de salud de Pablo Grillo
El fotógrafo Grillo, por su parte, sufrió una grave lesión en la cabeza debido a una cápsula de gas lacrimógeno, que le provocó pérdida de masa encefálica. Fue ingresado en el hospital Ramos Mejía donde fue sometido a una cirugía. Su pronóstico se mantiene reservado. Testigos del incidente, como el fotógrafo Juan Manuel Foglia, han descrito la situación como aterradora, destacando la rapidez de la asistencia que recibió Grillo tras el impacto.
El caso de Grillo y la jubilada será investigado por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°30, con la intervención de la Fiscalía N°11. Esta acción surge en un contexto de creciente preocupación por el uso de la fuerza policial en situaciones de protesta.
Contexto de la represión durante la marcha
Los incidentes ocurrieron en el marco de un amplio operativo de seguridad ordenado por la ministra Patricia Bullrich, donde se reprimió a hinchas de fútbol que se habían concentrado frente al Congreso para apoyar a los jubilados en su reclamo por aumentos. Las autoridades informaron que también hubo 20 policías heridos, algunos con lesiones severas, como fracturas y traumatismos.
La jueza Karina Andrade ordenó la liberación inmediata de las 114 personas detenidas, argumentando que no se proporcionaron detalles claros sobre las circunstancias de las detenciones. Esta decisión subraya la necesidad de revisar los procedimientos utilizados por las fuerzas de seguridad en el manejo de manifestaciones.
La situación ha generado un debate sobre la actuación policial y la protección de los derechos de los manifestantes, evidenciando la tensión existente entre las autoridades y los ciudadanos que ejercen su derecho a protestar.
