FATE deberá pagar salarios hasta que la Justicia decida sobre despidos

La disputa entre FATE y el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) ha dado un nuevo giro, brindando un respiro a los trabajadores que fueron despedidos tras el cierre de la emblemática planta de San Fernando. El Juzgado Nacional del Trabajo N° 17 tomó la decisión de elevar la apelación presentada en este caso a la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Ahora, esta instancia tendrá que definir si el cierre de la fábrica y los 920 despidos deben ser considerados “ilegales, ineficaces e inexistentes”, tal como demanda el sindicato.

Mientras tanto, la medida cautelar que obliga a la empresa a seguir pagando los salarios de los trabajadores afectados permanecerá en vigor. Esta decisión fue comunicada por Alejandro Crespo, el secretario general del SUTNA, quien enfatizó que la resolución confirma que la empresa debe seguir abonando los haberes hasta que haya una definición judicial sobre la legalidad de los despidos.

Crespo explicó: “El juzgado 17 acaba de elevar la apelación a la Cámara 2 para que decida si los despidos quedan definitivamente como ilegales. A la vez, esta apelación se eleva con la cautelar que obliga a pagar sueldos a todos los trabajadores”. Es decir, mientras la Cámara no resuelva, todos los compañeros de FATE seguirán cobrando.

El líder sindical también mencionó que buscarán ampliar esta protección a otros compañeros que no hayan accedido a este beneficio. “Esto es un alivio económico necesario para quienes están en lucha y muestra claramente el lockout patronal que estamos sufriendo”, agregó.

Este conflicto se desató el 18 de febrero, cuando FATE, bajo la dirección de Javier Madanes Quintanilla, anunció el cierre definitivo de su planta en San Fernando, afectando a 920 trabajadores. La empresa argumentó que la decisión se debía a la pérdida de competitividad, al aumento de importaciones y a los altos costos de producción. En contraste, el sindicato sostiene que el cierre quebranta un acuerdo previamente homologado y considera la acción de la empresa como un lockout patronal, alegando que esta decidió paralizar la producción para generar un conflicto.

Hasta ahora, la Justicia ha dictado varias medidas cautelares a favor de los trabajadores, incluyendo un embargo por cerca de $3.000 millones sobre los bienes de la empresa debido a incumplimientos en el pago de salarios.

Un conflicto con varios frentes abiertos

Este enfrentamiento no se limita solo al ámbito laboral. La empresa también ha iniciado una causa penal para desalojar la planta ocupada por los trabajadores. En este proceso, la Justicia convocó a declarar a 24 trabajadores, una acción que ha sido fuertemente rechazada por el SUTNA y otros sindicatos que consideran la presencia en la fábrica como una medida legítima de protección ante el cierre.

Lejos de dar marcha atrás, el sindicato planea intensificar tanto la pelea judicial como sus acciones políticas. Crespo aseguró que la decisión del juzgado muestra que la postura de la empresa carece de fundamentos y criticó al gobierno provincial por su silencio.

El dirigente hizo un llamado al Ministerio de Trabajo para que se convoque a una audiencia, y expresó que el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, debería intervenir en la situación. “El silencio de cuatro meses ya es una declaración. Pedimos que se nos escuche inmediatamente”, afirmó.

Además, el sindicato ha impulsado la aprobación de un proyecto de ocupación temporaria de las instalaciones de FATE. Esta iniciativa busca que la Provincia declare la planta como de utilidad pública y habilite la ocupación temporal para encontrar una solución al conflicto. El objetivo es proteger los empleos y mantener activa la única fábrica de neumáticos para buses y camiones del país.

Mientras tanto, FATE sigue defendiendo su postura en los tribunales. La empresa sostiene que la planta dejó de ser viable por el deterioro del mercado y anunció que agotará todas las instancias de apelación para revertir las resoluciones que ordenan el pago de salarios.

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