Familias y prestadores entraron a la sede tras enfrentamiento con policía
Una movilización de familias, trabajadores y prestadores del sector de la discapacidad se llevó a cabo este viernes frente a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), en el barrio de Belgrano. Estos grupos exigieron la aplicación inmediata de la Ley de Emergencia en Discapacidad, que, aunque fue aprobada por el Congreso Nacional, fue vetada por el presidente Javier Milei. El reclamo llevó a momentos de tensión con la Policía de la Ciudad cuando los manifestantes lograron ingresar a la sede de la agencia.
La jornada se vivió en un contexto de descontento, especialmente tras la cancelación de una reunión oficial que debía tener lugar en ANDIS. El interventor del organismo, Alejandro Vilches, había convocado a los representantes de los prestadores para discutir sobre los aumentos tarifarios a las 11 de la mañana, pero el encuentro fue adelantado a las 10 horas y posteriormente suspendido por “fuerza mayor”, según informaron las autoridades.
La suspensión generó enojo entre las familias y organizaciones presentes, que denunciaron la falta de diálogo oficial y el incumplimiento de compromisos. Desde temprano, los manifestantes se colocaron frente al edificio de ANDIS para exigir respuestas concretas a una crisis que, afirman, se hace más profunda cada día.
Críticas por los fondos sin ejecutar
Durante la protesta, Pablo Molero, presidente del Foro de Discapacidad, criticó la falta de ejecución presupuestaria: “La agencia recibió 121 mil millones de pesos para otorgar aumentos; ese dinero sería suficiente para brindar un aumento significativo en estos tres meses”, declaró a los medios.
Por su parte, Lola Berthet, vocera de las familias autoconvocadas, expuso la crisis del sistema: “Ya está todo colapsado. Estamos llenando papeles para la renovación de prestaciones, pero no tenemos certezas. No sabemos si el año que viene nuestros hijos van a tener acceso a sus prestaciones”. Visiblemente afectada, agregó: “Es agotador, este es un sector vulnerable. Como madre, he pasado de la angustia a la bronca. Necesito que hoy alguien nos reciba”.
Denuncias por incumplimiento judicial y abandono estatal
Entre los manifestantes también se encontraba Claudia Dipólito, madre y psicóloga, quien denunció la falta de cumplimiento de la Ley 27.793 y la inacción judicial frente a la emergencia del sector. “El diputado Paulón presentó una denuncia ante el juez Casanello, pero no ha habido avances. Mientras tanto, las personas con discapacidad siguen esperando. Cobro 12 mil pesos por sesión y no he tenido un aumento en un año”, explicó.
Las organizaciones destacaron que la falta de respuestas y la desactualización de tarifas impactan directamente en la continuidad de las prestaciones terapéuticas, educativas y de transporte, vitales para miles de personas con discapacidad en todo el país.
Uno de los sectores más afectados es el de los transportistas especializados, quienes advirtieron sobre la posibilidad de paralizar servicios debido a la imposibilidad de cubrir costos básicos. Un representante de la Asociación de Transportistas para Personas con Discapacidad (Atacadis) enfatizó la gravedad de la situación: “La situación es límite, nunca en la historia nos encontramos como hoy. Los transportistas están trabajando a pérdida”.
Según detalló, el litro de nafta lo pagan a 541 pesos, mientras que el costo real asciende a 1.700 pesos, lo que vuelve insostenible la actividad. Esta diferencia, explicó, obliga a los transportistas a endeudarse o a reducir recorridos, afectando directamente a los usuarios del sistema.