Factores que explican el problema identificados
La morosidad se ha convertido en un tema preocupante en Argentina, especialmente en el norte del país. Cada vez más familias enfrentan dificultades para cumplir con sus obligaciones financieras. Un dato revelador es que más de tres de cada diez personas que accedieron a financiamiento formal en esta región están en mora. Y los más afectados son los jóvenes de 18 a 29 años, donde casi cuatro de cada diez tienen problemas para pagar sus deudas.
Hoy, unos 5,8 millones de argentinos tienen atrasos superiores a 90 días. Esto representa aproximadamente el 28% de los 20,7 millones de personas que cuentan con algún tipo de crédito, ya sea bancario o de entidades no financieras.
Norte argentino: las provincias con mayor nivel de mora
Los datos muestran que las tasas de morosidad son más altas en el norte del país. En provincias como Catamarca, Santiago del Estero, Salta, Corrientes, Formosa, Misiones, Chaco y Tucumán, más del 30% de los deudores están en una situación de pago irregular, superando el promedio nacional.
En contraste, provincias del centro y la Patagonia presentan cifras más alentadoras. Córdoba, Santa Fe y Neuquén están por debajo del promedio nacional, aunque el aumento de la morosidad es una tendencia que se siente en todas partes.
Además, en la Patagonia y en el centro se observa no solo una morosidad menor, sino también una mayor penetración del crédito. Esto significa que en el norte, el acceso a financiamiento sigue siendo más limitado, lo que complica aún más la situación.
Un funcionario de Tucumán apuntó a la falta de educación financiera como una de las causas del problema. Mencionó que la facilidad para acceder a préstamos a través de billeteras virtuales ha llevado a muchos jóvenes a endeudarse sin un análisis previo de su situación económica.
La realidad es que, aunque la situación en Tucumán no es muy diferente de la del resto del país, los altos niveles de morosidad se deben también al incremento de tasas y márgenes crediticios sin una evaluación adecuada de la viabilidad y solvencia de los solicitantes.
La falta de un banco provincial estatal en Tucumán desde los años 90 complica aún más las cosas. Mientras tanto, el costo de vida en el norte, que se compone en gran parte de alimentos y bienes, es diferente al de CABA y Buenos Aires.
Por su parte, el economista Lucas Dapena explicó que la inflación en el norte es más alta que la media nacional, y los ingresos son notablemente menores. Según INDEC, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) creció un 33,5% a nivel nacional en el último año, mientras que en el Noreste fue del 36,5% y en el Noroeste, 33,8%.
A esto se suma un alto grado de informalidad laboral, lo cual dificulta tener ingresos estables. Las tasas de interés son las mismas que las que aplican los bancos en todo el país, lo que pone a las provincias del norte en una clara desventaja.
Jóvenes: poco acceso al crédito y mayor incumplimiento
La juventud es la franja más afectada. Solo el 40% de los jóvenes de entre 18 y 29 años logra acceder a crédito formal. Esto es menos que en otros grupos etarios, y en su mayoría, tienen problemas para honrar sus deudas. De aquellos que sí recibieron financiamiento, casi cuatro de cada diez tienen atrasos.
Una parte considerable de este crédito proviene de entidades no financieras, donde los niveles de incumplimiento son aún más altos. Los jóvenes suelen recurrir a estas alternativas, lo que aumenta su vulnerabilidad debido a las tasas más elevadas.
Carrera, otro economista, explicó que los jóvenes enfrentan serias dificultades para acceder a créditos en entidades bancarias, lo que los lleva hacia opciones no convencionales, que suelen ser más costosas. Además, han sido uno de los grupos más afectados por la pérdida de ingresos.
La morosidad refleja un serio problema de capacidad de pago en muchas familias. Si un gran número se queda fuera del sistema de crédito formal, el consumo también se resiente, dificultando la recuperación de la demanda interna.
El número de personas en mora ha crecido rápidamente en los últimos dos años, pasando de 2,4 millones en julio de 2024 a 5,8 millones en mayo de 2026. De ese total, 2,9 millones se deben exclusivamente a entidades no financieras, mientras que otros 1,6 millones presentan incumplimientos solo con bancos y 1,3 millones tienen atrasos en ambos tipos de entidades.