Expropiación de YPF: El Gobierno Advierte sobre un Fallo Desfavorable en EE.UU.
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se refirió a la causa por la expropiación de YPF que se tramita en Nueva York. A horas de que la Corte de Apelaciones de EE.UU. decida si autoriza la entrega de acciones de la empresa en la causa, el Gobierno afirmó que un fallo desfavorable sería incumplible en la práctica. El Tribunal deberá determinar si mantiene la suspensión del fallo actual o levanta la orden.
El 30 de junio, la jueza de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Loretta Preska, falló en contra de Argentina, ordenando la entrega de acciones de la petrolera a los fondos Burford y Eton Park como forma de pago de una indemnización fijada en u$s16.100 millones más intereses. La defensa argentina apeló esta decisión y logró una suspensión temporal mientras se resuelve el asunto.
La Posición del Gobierno Argentino
Al respecto, Guillermo Francos comentó en Radio Nacional que, aunque el tribunal pudiera dictar un fallo en contra, sería una decisión incumplible, debido a la legislación argentina que estipula que cualquier venta de acciones de YPF debe ser aprobada por el Congreso con una mayoría especial.
La defensa argentina argumenta que la jueza se excedió en su jurisdicción y que no existe posibilidad material de expropiar las acciones. Además, han solicitado una suspensión provisoria mientras la Cámara analiza la solicitud de protección formal. Señalan que Preska está invadiendo una jurisdicción y que no puede ordenar a un Estado que expropie acciones que están registradas en la Caja de Valores.
Consecuencias de un Fallo Desfavorable
El escrito presentado por la defensa también advierte que la entrega de las acciones de YPF sin que se defina la cuestión de fondo podría tener consecuencias irreparables. Los abogados argumentan que no se puede poner al genio de vuelta en la botella; si las acciones se transfieren a los demandantes y posteriormente se venden, el daño sería irreversible, incluso con la apelación pendiente.
Este caso no solo involucra a una empresa, sino que plantea serias cuestiones sobre la soberanía nacional y el marco legal interno de Argentina. Las decisiones relacionadas con la expropiación de YPF deben seguir los procedimientos establecidos y obtener la aprobación del Congreso de la Nación.
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