Argentina se encuentra a punto de cerrar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el tercero en siete años. Este proceso se desarrolla en un contexto de fragilidad institucional y económica, lo que ha generado preocupación entre los especialistas.
Los informes del FMI sobre los acuerdos anteriores, en 2018 y 2022, reconocen errores significativos en su ejecución, y el nuevo acuerdo parece repetir patrones similares. Esto ha llevado a un análisis crítico sobre la viabilidad y las implicaciones de este nuevo entendimiento.
Un Contexto de Fragilidad Institucional
De acuerdo con un estudio conjunto de Espacio de Trabajo Fiscal para la Equidad (ETFE), Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y Recourse, hay una preocupación central sobre el incumplimiento sistemático del marco normativo vigente. A pesar de un fuerte ajuste fiscal y la reducción de la emisión monetaria, los riesgos cambiarios e inflacionarios persisten, con reservas internacionales en niveles mínimos.
Además, se ha observado que el Poder Ejecutivo ha evitado deliberadamente al Congreso en el proceso de aprobación inicial del acuerdo, lo que infringe la Ley 27.612 de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública y el artículo 75 de la Constitución Nacional. Esta falta de transparencia debilita el proceso democrático y afecta la confianza en la gestión pública.
Déficit Institucional y Concentración de Poder
El deterioro institucional se manifiesta en la extensión indefinida del presupuesto nacional de 2023, utilizado sin un debate adecuado. Esto otorga al Ejecutivo una capacidad extraordinaria para asignar recursos sin los controles necesarios, lo que compromete la transparencia fiscal.
La concentración de poder en áreas económicas y administrativas también es preocupante. La designación por decreto de miembros de la Corte Suprema y la represión de manifestaciones pacíficas ilustran un entorno de institucionalidad degradada. Estas condiciones afectan la capacidad institucional y política que el FMI exige para implementar su programa.
Sostenibilidad de la Deuda y Efectos Macroeconómicos
El nuevo acuerdo se negocia en un contexto donde los pagos entre 2027 y 2032, incluyendo compromisos con bonistas y organismos multilaterales, superan los 20.000 millones de dólares anuales. Esto representa más del 25% del total exportado por Argentina en 2024, lo que plantea serias dudas sobre la sostenibilidad del esquema propuesto.
Además, el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) ha otorgado exenciones fiscales y cambiarias sin evidencias de efectividad, lo que ya ha demostrado ser contraproducente en el pasado.
Evaluaciones Previas y Falencias Estructurales
Los informes del FMI sobre los acuerdos anteriores reconocen errores graves en sus proyecciones, incluyendo la subestimación del impacto del ajuste fiscal y la falta de controles sobre la fuga de capitales. El nuevo acuerdo repite patrones similares, sin salvaguardias que garanticen su viabilidad a mediano plazo.
Además, la ausencia de evaluación del impacto distributivo y el seguimiento de derechos humanos viola estándares internacionales, lo que ha sido señalado por organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Recomendaciones Antes de Firmar el Nuevo Acuerdo
Antes de firmar el nuevo acuerdo, ETFE, FARN y Recourse recomiendan que el FMI adopte políticas que aseguren el cumplimiento de normativas nacionales, así como un análisis de sostenibilidad de la deuda. Es crucial que se realicen discusiones transparentes con todos los actores involucrados, incluyendo la sociedad civil.
La revisión de las políticas del FMI hacia la sociedad civil es necesaria, especialmente en un contexto donde se evitan las instancias de toma de decisiones establecidas por la Constitución.
El futuro del acuerdo dependerá de la capacidad del gobierno argentino para implementar políticas efectivas que garanticen la sostenibilidad de la deuda y la estabilidad económica del país.
