encuestas sobre el régimen penal juvenil de javier milei
Han surgido importantes cambios en la polémica reforma del Régimen Penal Juvenil aquí en Argentina. Recientemente, se ha visto un fuerte apoyo de la ciudadanía hacia la iniciativa del Gobierno, que ya recibió la aprobación de los Diputados durante las sesiones extraordinarias. Además, en la misma jornada, se discutirán otras reformas, incluida la de la Ley de Glaciares y la propuesta para que Fernando Iglesias se convierta en embajador en Bélgica y ante la Unión Europea.
En las últimas semanas, diversas encuestas han intentado captar la opinión del pueblo respecto a la reforma y, según Opinaia, un impresionante 80% de los argentinos respalda la idea de reducir la edad de imputabilidad penal. De esa cifra, un 67% se siente “muy de acuerdo” y un 14% “bastante de acuerdo”. El nivel de rechazo es bajo, alcanzando apenas el 15% de desacuerdo.
Esta aprobación se manifiesta de manera transversal en los votantes de distintos partidos. Por ejemplo, entre los que apoyaron a La Libertad Avanza, el apoyo llega al 95%, mientras que los votantes de Provincias Unidas se sitúan en un 96%. Incluso en grupos donde el apoyo es más bajo, como los votantes de Fuerza Patria o del Frente de Izquierda, la mayoría todavía está a favor.
Por su parte, el sondeo de Giacobbe & Asociados también revela un claro respaldo, con un 73,1% de apoyo general. De esos encuestados, el 63,6% apoya fijar la edad en 13 años, mientras que un 9,5% prefiere mantenerla en 14 años. Solo un 20,1% opta por conservar la edad de imputabilidad en 16 años, una postura más resistida en el debate legislativo.
Asimismo, la consultora Isasi/Burdman también reportó un apoyo mayoritario. En una encuesta de noviembre pasado, aproximadamente 68% de los encuestados estaba a favor, mientras que solo un 29% expresó su oposición. Interesante es que un 60% coincidió con la frase “A delito de adulto, pena de adulto”, lema utilizado por el oficialismo en la defensa de la reforma.
Un estudio de Sentimientos Públicos en la provincia de Buenos Aires reflejó un respaldo significativo hacia la disminución de la edad de imputabilidad, con un 63% de los bonaerenses opinando que es necesaria para combatir la inseguridad.
La última medición de Zentrix Consultora de febrero de 2026 muestra un 64,2% a favor de la reducción de la edad de imputabilidad, en contraste con un 27,3% en contra. Esta investigación se realizó a más de 1.000 personas en todo el país y tiene en cuenta distintos factores como edad, sexo y región.
Reforma del Régimen Penal Juvenil: principales cambios a la vista
La propuesta del Gobierno busca modificar una normativa heredada de la última dictadura, estableciendo un régimen específico para adolescentes que tienen conflictos con la ley penal. Uno de los puntos más destacados es la reducción de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.
El proyecto también descarta la prisión perpetua para menores y establece un tope de hasta 15 años de pena para delitos graves. Además, aclara que el cumplimiento de las sanciones se realizará en lugares separados de los adultos.
El enfoque está en alternativas a la privación de la libertad y en medidas para la reinserción social. Por ejemplo, para delitos con penas menores a tres años, no se prevé cárcel. En aquellos casos con penas de entre tres y diez años, donde no haya habido muertes ni lesiones graves, se priorizarán sanciones educativas y comunitarias.
Detalles del Régimen Penal Juvenil que avanzó
La iniciativa busca reemplazar el Régimen de Minoridad de 1980 y plantea reducir la edad de imputabilidad de 16 a 14 años para delitos graves como homicidio, robo con violencia, abuso sexual o secuestro. Este cambio es uno de los más significativos en la legislación penal del actual gobierno.
La reforma incluye una pena máxima de hasta 15 años de prisión, con posibilidad de libertad condicional después de cumplir dos tercios de la condena. Para delitos menores de tres años, o para aquellos de entre tres y diez años que no impliquen delitos graves, se sustituirá la privación de libertad por otras sanciones como amonestaciones, restricción de contacto con la víctima, limitaciones en la salida del país, entre otros.
Además, la reforma asegura que los menores no compartirán espacios de reclusión con adultos y contempla sanciones alternativas para penas de menos de diez años. Estas incluyen medidas socioeducativas enfocadas en la reinserción social.
El proyecto sufrió algunas modificaciones antes de la votación, gracias a la presión de la Coalición Cívica, para garantizar que los menores no sean privados de su libertad en los mismos establecimientos que los adultos, y se ajustaron otros artículos para que la intervención en procesos a prueba quede en manos del Ministerio Público Fiscal.