El triángulo de hierro apoya a Manuel Adorni

En la Casa Rosada, se comenta entre risas que “el caso (Manuel) Adorni logró que se superara la interna”. Los rumores apuntan a que los dos principales grupos en conflicto —la hermana del presidente, Karina Milei, y el asesor Santiago Caputo— parecen estar de acuerdo en mantener al jefe de Gabinete en su puesto.

Algunos sostienen que la permanencia del jefe de Gabinete no solo se debe a la dificultad de encontrar un reemplazo, sino a que su salida obligaría a Javier Milei a decidir en la disputa entre Karina y Caputo. Para quienes están cerca de la Presidencia, la situación parece “empantanada”. Karina busca limitar el margen de acción de Caputo, mientras que Javier continúa viéndolo como un aliado esencial, tanto para la gestión del gobierno como para la estrategia electoral de cara a las próximas elecciones.

Con las elecciones a la vista, si las cosas siguen como están, se prevé un aumento en las tensiones entre Karina y Caputo, ya que sus enfoques son diferentes. El asesor busca formar acuerdos con ciertos sectores, mientras que Karina se inclina por crear listas con libertarios más puros.

Trabas

En un momento donde las encuestas marcan una caída en la imagen del Gobierno, surge la inquietud en el ámbito legislativo: ¿El desmejoramiento en la popularidad de Javier Milei y las menores transferencias a las provincias influirán en la aprobación de leyes clave? Durante las sesiones extraordinarias, el gobierno logró avances significativos, como la reforma laboral, gracias al apoyo de diputados y senadores alineados con los gobernadores.

Sin embargo, en los últimos 45 días, los libertarios no han conseguido mucho en el Congreso. Sólo lograron media sanción para la Ley de Glaciares en la Cámara de Diputados y aprobar algunos convenios internacionales en el Senado. Este panorama complicado podría permitir que la oposición no solo frene las reformas que planean los libertarios, sino que también proponga proyectos que incomoden al oficialismo.

Presión

El creciente pedido de fondos desde las provincias se convierte en un desafío extra para el ministro de Economía, Luis Caputo. En medio de tensiones fiscales y la necesidad de reducir el gasto primario para alcanzar el superávit del 1,4% del PIB acordado con el Fondo Monetario Internacional, la situación no es fácil.

La aplicación intensa de la “motosierra” ha llevado a una reducción de US$ 67.000 millones en los últimos 26 meses. Las transferencias no automáticas a provincias, programas sociales e inversiones directas han representado el 53% de este recorte. Por ejemplo, los envíos por coparticipación cayeron un 6,9% en el primer bimestre de 2026.

Un estudio revela que entre enero de 2024 y febrero de 2026, los recursos que la Nación envió a las provincias disminuyeron en US$ 18.000 millones, con efectos desiguales según cada jurisdicción. Curiosamente, la asignación universal para protección social, PAMI y transferencias no automáticas a la Ciudad de Buenos Aires aumentaron US$ 4.700 millones.

No obstante, los ingresos del Tesoro han decaído, debido tanto a la menor actividad como a la eliminación de impuestos. En el primer trimestre de 2026, los impuestos relacionados con la actividad cayeron un 3% y los vinculados al empleo, un 4%. Además, la recaudación por comercio exterior también ha disminuido.

Esta falta de recursos contrasta con el aumento de rigidez en el gasto público. El 55% de los gastos está indexado por inflación (jubilaciones, Asignación Universal por Hijo) y otros gastos se encuentran en niveles mínimos (obra pública, transferencias a universidades). A esto se suma que los intereses de la deuda van en aumento.

Para lograr un ahorro del 0,3% del PIB en subsidios energéticos, las tarifas eléctricas deberían incrementarse un 17% y las de gas un 27%, superando la inflación, todo esto en un contexto de caída de actividad y pérdida de poder adquisitivo.

Los últimos datos del INDEC indican que el salario del sector privado registrado creció un 1,6% en febrero y un 27,6% interanual, pero esto se traduce en una caída real del 0,8% en el mes y un descenso del 4,1% a comparación interanual. En el sector público, la disminución es aún mayor, del 4,3% respecto al año pasado.

Haciendo un análisis del poder adquisitivo actual en comparación con 2017, un trabajador del sector privado ha perdido alrededor del 20% de su capacidad de compra, lo que es significativo. Para el sector público, esta pérdida se eleva a un 35%.

En este clima, el gobierno ha reafirmado su decisión de continuar con la “motosierra” y espera que la reactivación de la economía venga de la mano de un sistema financiero que facilite el acceso al crédito.

Abril podría traer una mejora en la inflación, con cifras en torno al 2,5/2,8% y algunos especialistas pronostican una leve recuperación de la actividad. Sin embargo, el clima social sigue estando afectado por el “caso Adorni”, aunque desde el gobierno creen que, con las aclaraciones necesarias, esta cuestión podrá ir calmándose con el tiempo.