El Tesoro adquirió casi 300 millones en bonos antes del vencimiento
El Gobierno argentino sigue trabajando para reunir los fondos necesarios y hacer frente a obligaciones por u$s4.200 millones el próximo 9 de enero con bonistas privados. La situación es clave, y el objetivo es garantizar que el país esté al día con sus compromisos.
Justo el jueves pasado, el Tesoro adquirió u$s220 millones en el mercado oficial de cambios. Esto es un paso más en el proceso de juntar los recursos necesarios. Viene después de que el miércoles, dirigido por Luis Caputo, el Ministerio de Economía había sumado u$s50 millones a la bolsa de activos estatales.
Uno de los aspectos más interesantes es que Argentina volvió a colocar deuda soberana en dólares después de casi ocho años de ausencia en este mercado. Esto marca un cambio significativo en la estrategia del país para recuperar la confianza de los inversores.
A lo largo de este proceso, el Gobierno consiguió u$s1.000 millones a cuatro años, con una tasa del 9,25%. Aunque la rentabilidad fue un poco más alta de lo que se esperaba, se mantuvo por debajo del rendimiento actual de algunos bonos como el Bonar AL29 y el Global GD30.
Hablando de las necesidades de financiación, el Ministerio de Economía enfrenta vencimientos por u$s4.200 millones en enero. Según los últimos datos, el Tesoro apenas tiene u$s210 millones en el Banco Central. Esa cifra significa que necesita seguir buscando financiación, y hasta ahora ha acumulado cerca de u$s1.500 millones.
Para alcanzar los u$s2.700 millones restantes, hay varias estrategias en juego. Por un lado, se espera recibir u$s700 millones por la privatización de cuatro centrales hidroeléctricas antes de que termine el año. Esa podría ser una inyección de capital necesaria en un momento tan crucial.
Además, se toma en cuenta la posibilidad de que el Fondo Monetario Internacional (FMI) le “perdone” al país el incumplimiento de la meta de reservas, lo que podría liberar cerca de u$s1.000 millones. Otra alternativa sería avanzar con un REPO que podría oscilar entre u$s5.000 y u$s7.000 millones, aunque eso implicaría un mayor costo financiero para el Gobierno.
Así, en medio de un panorama cambiante, las decisiones que se tomen en los próximos días serán determinantes para asegurar la estabilidad económica del país.