El Senado decidirá sobre la impugnación del ascenso de Monetto
La Comisión Unicameral de Acuerdos está preparándose para una sesión clave este jueves a las 14:30 en el salón Arturo Illia. En esta reunión, se van a revisar los pliegos de ascenso de aproximadamente 150 uniformados, incluida la cúpula militar. Un tema candente es la impugnación al ascenso del brigadier Marcelo Monetto, actual subjefe de la Fuerza Aérea. Su solicitud para el grado de brigadier mayor está detenida desde 2024 debido a una falta de consenso político.
La impugnación fue presentada por una excadete conocida como AMMP, cuyo caso se encuentra archivado en la secretaria administrativa de la Comisión. Este será el tercer intento del senador Carlos Pagotto, del partido La Libertad Avanza, de discutir la promoción de Monetto, que enfrenta una objeción por comportamientos cuestionables. Esta situación ha sido objeto de un expediente de amparo resuelto por el juez federal de Córdoba, Miguel Vaca Narvaja.
Fue en el ejercicio conjunto Candu IV donde Monetto tuvo un encuentro notable con el senador Pagotto, aunque el brigadier mayor Gustavo Valverde, actual jefe de la Fuerza Aérea, no pudo asistir y fue representado por Monetto. Este ejercicio militar se realizó a principios de marzo en la costa atlántica y estuvo marcado por la presencia del legislador, invitado por el ministro de Defensa, el teniente general Carlos Presti.
En la audiencia pública, nunca se le dio voz a la víctima de 19 años, que debía ser escuchada directamente. Sin embargo, el senador Pagotto y otros miembros del oficialismo sí dieron espacio a las peticiones de la jefatura de la Fuerza Aérea y del oficial de enlace con el Congreso, el brigadier Carlos Yedro, quien apoya el ascenso de Monetto.
La impugnación basada en observaciones graves
AMMP, que era cadete de segundo año, fue víctima de violencia sexual en 2019 y no recibió la protección adecuada que exige la legislación de género. En un contexto de presiones, fue dada de baja de la Escuela de Aviación, un hecho que la justicia federal de Córdoba consideró como abuso de autoridad.
Para 2022, Monetto ocupaba la dirección de la Escuela de Aviación Militar. En su impugnación, AMMP señala conductas reprobables por parte de Monetto durante su tiempo al frente del instituto. Esto se basa en las observaciones críticas realizadas por el juez Vaca Narvaja en su resolución.
En el texto de impugnación, se incluyen citas del expediente que revelan que AMMP solicitó su reincorporación el 7 de septiembre de 2021, y la Escuela le notificó el 13 de marzo de 2022 la negativa a su pedido. Ella menciona que se le denegó la vista de las actuaciones en reiteradas ocasiones.
Un dato relevante es que el juez había ordenado la “inmediata reincorporación” de AMMP, y esta orden no fue cumplida. Además, se detalla que la Escuela debía pagos atrasados, una disposición que tampoco se llevó a cabo.
Violación del Código de Disciplina Militar
Según fuentes del ámbito de la justicia militar consultadas, no acatar una orden de un juez federal constituye desacato. La lectura del expediente y de la impugnación sugiere que Monetto podría haber estado involucrado en incumplimientos serios.
Además, existen otros casos por abuso de autoridad que han alimentado el contexto de hostigamiento hacia AMMP tras hacer la denuncia de agresión. Lo que este auditor militar afirma es que había suficientes motivos para iniciar una investigación disciplinaria contra Monetto.
Pese a la gravedad de las acusaciones, el proceso para crear un expediente disciplinario no se inició. Este hecho resulta aún más alarmante considerando la reprimenda específica del juez Vaca Narvaja hacia Monetto en 2024.
El caso AMMP y su contexto legal
El juez Alejandro Sánchez Freytes, a cargo del juzgado federal N°2 de Córdoba, ordenó el procesamiento de cinco oficiales involucrados en el caso de AMMP, acusados de abuso de autoridad. Este procesamiento fue confirmado por la Cámara Federal de Córdoba.
Los oficiales procesados incluyen a la comodoro Cristina Malpartida, la capitán Julieta del Valle Romero, y otros cuatro individuos que se encargaron de obstaculizar el acceso de AMMP a tratamiento adecuado tras su agresión.
El juez sentenció que la víctima vivió un periodo prolongado de indefensión en un ambiente jerárquico que favorecía el abuso. Dicha situación pone sobre la mesa la grave responsabilidad institucional en estos casos de violencia de género.