El PRO recurre a la Justicia contra designaciones en la AGN
El bloque de diputados del PRO ha presentado un recurso de amparo ante la Justicia para detener la designación de auditores en la Auditoría General de la Nación (AGN). Argumentan que el procedimiento aprobado por la Cámara baja es “abiertamente inconstitucional”.
Esta acción judicial está firmada por el presidente del bloque, Cristian Ritondo, y se opone a la resolución 7018-D-2025, que fue aprobada en la madrugada del 18 de diciembre. A través de esta resolución, se nombraron a tres auditores encargados de controlar el uso de recursos públicos.
Denuncia por violación de la Constitución Nacional
Según el comunicado del PRO, esta designación fue hecha fuera del temario autorizado para las sesiones extraordinarias, lo que infringe el artículo 63 de la Constitución Nacional. Ellos señalan que el decreto que convocó al Congreso no incluía este tema específico.
Además, el comunicado cuestiona la manera en que se llevó a cabo la votación. Afirman que la designación se realizó cerca de las tres de la mañana, sin publicidad ni transparencia. No hubo un dictamen previo, ni debate parlamentario, y no se cumplieron los procedimientos reglamentarios esenciales. Según el PRO, esta serie de irregularidades hace que toda la acción sea nula de nulidad absoluta.
Impacto y derechos de los legisladores
Desde el bloque opositor, subrayan que lo sucedido no solo compromete la legalidad del proceso, sino también vulnera derechos políticos de los legisladores y altera el equilibrio institucional. Aseguran que la situación ha afectado directamente los derechos políticos de los diputados y ha roto el balance en el sistema de control del Estado.
El papel de la Auditoría General de la Nación es central en este esquema republicano. No se trata de un órgano meramente administrativo, sino de una entidad constitucional clave para supervisar el uso de los recursos públicos.
Qué solicita el amparo presentado ante la Justicia
El amparo pide que se declare la inconstitucionalidad y nulidad de la resolución, así como que se tomen medidas cautelares para evitar que los auditores designados asuman o actúen hasta que haya una sentencia definitiva. Además, buscan restaurar el estado institucional previo a este acto controvertido.
El PRO enfatizó que esta solicitud no debe interpretarse como un reclamo partidario, sino como una defensa institucional. Resalta que “no se trata de una discusión política ni de nombres propios. Se trata de defender la Constitución, la transparencia y el funcionamiento republicano de las instituciones”.