El juez Sebastián Casanello indaga a Javier Milei sobre discapacidad
Se ha presentado una denuncia en el Juzgado Federal 11 de Comodoro Py, relacionada con el presidente Javier Milei y su equipo. Esta denuncia, que ya tiene un número asignado (CFP 4003/2025), fue realizada por el diputado Esteban Paulón y la diputada Mónica Fein.
Además de Milei, también están en el punto de mira María Ibarzabal Murphy, quien es la Secretaria Legal y Técnica de la Nación, y Walter Rubén González, director del Registro Oficial. La acusación pone en el centro de la discusión la publicación de una ley, la cual, según se argumenta, sólo cobra vigencia una vez que aparece en el Boletín Oficial y ha sido promulgada.
La denuncia contra Javier Milei
En la nota presentada, se menciona que el Senado notificó al Poder Ejecutivo el 4 de septiembre acerca de un proyecto que había recibido insistencia. Esto significa que, pasados los once días hábiles, las etapas legales para su implementación ya habrían caducado. Algunos expertos sostienen que si se insiste ante un veto, la promulgación debía ser casi inmediata.
La denuncia detalla que la obligación de publicar en el Boletín Oficial corresponde a quienes completaron todos los pasos del proceso legislativo, alineándose con la Constitución Nacional. Aunque no se menciona un plazo específico para la publicación de una ley tras su insistencia, se señala que no debería extenderse más allá de diez días útiles, permitiendo al Poder Ejecutivo revisar los proyectos votados en el Congreso.
La exigencia por los plazos de la ley
Los denunciantes insisten en que respecto a la Emergencia en Discapacidad, los pasos para la promulgación y publicación ya han excedido los límites. Afirman que el papel del Poder Ejecutivo en este proceso debe enfocarse en implementar la ley de inmediato y no obstruir lo que ya se ha votado.
Un punto clave en esta discusión son las declaraciones de Francos, quien había mencionado que la ley no sería reglamentada por falta de recursos. Esto resulta alarmante, ya que el marco legal busca atender una situación de emergencia para las personas con discapacidad y tiene respaldo nacional e internacional.
Para que se pueda aplicar el aumento de los aranceles vinculados a la inflación, el jefe de Gabinete deberá firmar una compensación presupuestaria para la ANDIS. Si no se asignan estos fondos, la agencia no podrá hacer ajustes necesarios en el nomenclador, que afecta a servicios como terapias y transporte. Una vez que sean girados los fondos, la ANDIS podrá actualizar sus valores y, según la ley, el ajuste será automático cada mes, teniendo en cuenta el IPC, con posibles incrementos de hasta un 80%.
Aunque la denuncia mencionó a Milei y sus funcionarios por el incumplimiento de sus deberes y abuso de autoridad, existe la posibilidad de que el tema se amplíe para incluir la figura de abandono de persona si la situación lo requiere.