El gremio solicita intervención en la cooperativa
La Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina, conocida como ATILRA, hizo oficial su rechazo al plan de crisis presentado por SanCor. Este plan surge en el contexto del concurso de acreedores que la cooperativa enfrenta para evitar su quiebra. El gremio considera que lo propuesto es “inviable” y, en cambio, pide la quiebra con continuidad, lo que permitiría mantener la producción bajo nueva administración.
El juez Guillermo Adrián Valés, que está al frente del Juzgado Civil y Comercial de Rafaela, tendrá un rol crucial en las decisiones que se tomen a partir de ahora. Esta semana se realizó una audiencia en la que estuvieron presentes directivos de SanCor, representantes del gremio y asesores legales.
El sindicato pide la “quiebra con continuidad”
Durante la audiencia, ATILRA reafirmó su oposición a la propuesta de SanCor, que incluye una reducción del 32,5% del personal, disminuyendo de 936 a 632 empleados. También se contemplan la venta de activos improductivos y una reconversión del modelo de negocios para concentrarse en el procesamiento de leche para terceros. Según la cooperativa, esta estrategia generaría ingresos y ayudaría a estabilizar la operación.
Sin embargo, el gremio considera que este plan no tiene fundamentos económicos ni laborales. Tras la reunión, señalaron que SanCor reconoce no tener los recursos necesarios para pagar los sueldos ni para mantener el nivel de actividad, lo que a su juicio convierte el plan en algo inviable.
El delegado Alejandro Cabrera enfatizó que los trabajadores no son los responsables de la crisis de la empresa. Por eso, el gremio está impulsando la idea de la “quiebra con continuidad productiva”. Esta figura legal permitiría que la actividad siga mientras se encuentra una nueva administración.
El abogado de ATILRA, Alberto Coronel, aclaró que esta opción busca preservar las fuentes de trabajo y evitar el desmantelamiento de las plantas. Según Coronel, cuando ocurre una quiebra, el juez puede autorizar que la producción continúe bajo una administración provisional. Esto es clave para evitar que la empresa se disuelva por partes.
Además, Coronel cuestionó la viabilidad del plan de crisis al recordar que SanCor opera principalmente en formato de fasón, procesando materia prima de terceros, y aún así tiene fuertes atrasos salariales. Los datos del gremio señalan que SanCor debe el 70% de los sueldos de mayo y todos los sueldos de junio, julio, agosto, septiembre, además del medio aguinaldo.
Por su parte, el estudio jurídico Regali y Asociados, que representa a algunos de los acreedores de la firma, también se alineó con la postura del gremio, pidiendo que se considere una intervención judicial en la administración de la cooperativa.
La postura de SanCor y lo que viene
Desde el lado empresarial, los representantes de SanCor defendieron su propuesta como un plan de reestructuración integral. Esto busca ordenar la cooperativa, reducir costos y garantizar la continuidad de la producción. Aseguraron que el proceso que comenzó en 2017 —incluyendo la venta de plantas y marcas— ha ayudado a mantener las principales unidades operativas y que el nuevo esquema busca continuar con ese camino.
Durante la audiencia, se presentaron las capacidades productivas actuales de las plantas, como las de Balnearia, La Carlota y San Guillermo. La empresa sostuvo que está en la búsqueda de normalizar los pagos salariales a medida que logren recuperar actividad y ya tiene contratos de procesamiento con terceros.
Ahora, el juez Valés deberá evaluar estas posturas contrapuestas: por un lado, la continuidad bajo el actual plan de crisis, y por el otro, la quiebra con continuidad productiva que propone el sindicato. Esta resolución será determinante para el futuro de una cooperativa que, durante muchos años, fue un símbolo del sector lácteo argentino y que hoy enfrenta uno de los momentos más críticos de su historia.