El Gobierno y aliados provinciales quieren cambiar la ley de glaciares
Luego de la aprobación del acuerdo Mercosur-Unión Europea, el oficialismo tiene la vista puesta en la media sanción en el Senado para reformar la actual Ley de Glaciares. Este debate no es solo político; también está lleno de intereses provinciales que, ya sea desde la óptica ambiental o por la presión de inversiones mineras, se superponen a las posiciones de los partidos tradicionales.
El Gobierno fundamenta su propuesta señalando las dificultades que enfrentan los operadores del ámbito público y privado para interpretar la Ley 26.639, vigente desde 2010. En el despacho oficial, se argumenta que las restricciones para usar recursos naturales deberían ser excepcionales. Durante las discusiones, senadores libertarios adujeron que la reforma fomentará la inversión en provincias. De hecho, el senador fueguino Agustín Coto calificó la legislación anterior como un proyecto de “chetos”.
Una de las controversias central durante estas sesiones ha sido la falta de acceso a la redacción final hasta el momento de la votación. Esto dificulta un análisis exhaustivo, algo que preocupa a muchos. La oposición advierte sobre el impacto que la minería en una provincia podría tener en el acceso hídrico en otra. También está en juego la fiscalización que las autoridades locales podrán ejercer sobre qué geoformas se incluirán en el Inventario Nacional de Glaciares (ING).
La nueva normativa también busca establecer criterios más exigentes para que un glaciar pueda ser excluido del ING, sugiriendo que la ausencia de una función aislada ya no es suficiente. Antes, se consideraban varias geoformas sin función hídrica relevante. Ahora, se debe comprobar que el glaciar no cumple funciones que justifiquen su protección. Este aspecto genera tensiones, especialmente cuando se trata de decisiones que pueden afectar a más de una provincia.
En el marco de este debate, un grupo de activistas ambientales se manifestaron en el Congreso, saltando las rejas y demandando protección para los glaciares. La intervención policial detuvo a varios de ellos que llevaban pancartas en defensa del medio ambiente.
Ley de Glaciares: ¿qué dice la reforma?
La historia de la Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares y del Ambiente Periglaciar se extiende por más de 20 años e incluso tuvo un veto en 2008 por la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Finalmente, se sancionó un par de años después y se reglamentó en 2011, estableciendo que el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) sería el encargado del Inventario Nacional de Glaciares, aprobado en 2018.
La propuesta busca clarificar aspectos de la ley existente, particularmente al modificar el término “reservas hídricas existentes” por “reservas estratégicas de recursos hídricos”. Esto permite que las autoridades locales puedan definir cuándo una reserva es considerada “estratégica” y, a su vez, intervenir en el ING.