Este jueves, el Congreso dio un paso importante al enviar al Ejecutivo dos leyes que fueron aprobadas en el Senado. Ahora, empieza la cuenta regresiva de diez días hábiles, hasta el 11 de septiembre, para que el gobierno decida si implementa las leyes o si opta por un veto presidencial. Las propuestas en cuestión son la emergencia en salud pediátrica, que surge tras los reclamos en el Hospital Garrahan, y la Ley de Financiamiento Universitario.
Ambas propuestas gozan de amplio apoyo y consenso en el Senado. La ley de universidades recibió 58 votos a favor, 10 en contra y 3 abstenciones. En el caso de la emergencia en salud pediátrica, fueron 62 los votos a favor y 8 los de rechazo. Sin embargo, desde el Ejecutivo ya adelantaron que tienen la intención de rechazar ambas leyes. De concretarse, sería la segunda vez que la gestión de Javier Milei veta una propuesta de financiamiento para la educación superior. Ante esta situación, el sector universitario está organizando una movilización para la tercera o cuarta semana de septiembre.
Aunque en el gobierno no están interesados en aprobar propuestas impulsadas por la oposición, desde la Casa Rosada aseguran que están analizando con cuidado los pasos a seguir en relación a los fondos sanitarios. Se menciona que el veto podría estar acompañado de un anuncio de nuevas medidas.
Por otro lado, el Senado planea convocar una sesión para la próxima semana con el objetivo de revertir el veto presidencial a la declaración de emergencia para la discapacidad. Este proyecto ya fue votado en Diputados, donde logró 172 votos a favor y 73 en contra. El gobierno, por su parte, anticipó que esperará a que la oposición determine su estrategia, incluyendo posibles acciones legales para implementar la ley.
Qué dicen los proyectos que podría vetar Javier Milei
Uno de los proyectos propone declarar la emergencia en salud pediátrica por un año, en respuesta a los reclamos de los trabajadores del Hospital Garrahan. La iniciativa pide fondos para “la asignación prioritaria e inmediata de recursos presupuestarios para bienes de uso y consumo”, así como la “recomposición inmediata de los salarios del personal de salud”. Además, se busca derogar una resolución del Ministerio de Salud que modificó el sistema de residencias.
Por otro lado, la Ley de Financiamiento Universitario, formulada por los rectores, aboga por la reapertura de paritarias — que están paradas desde octubre del año pasado — y demanda recursos para gastos de funcionamiento, becas y desarrollo científico. También propone la creación de un fondo de $10.000 millones, con actualización anual por IPC, para fomentar la entrada a carreras estratégicas.
Así sigue el panorama legislativo en el país, con dos leyes claves en juego y la expectativa por parte de múltiples sectores.
