El Ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, busca reducir la tensión existente con los fiscales y la Procuración General. A través de su ministerio, el Gobierno está desarrollando un conjunto de recursos que serán ofrecidos a la Procuración General, en anticipación a la implementación del sistema acusatorio en Comodoro Py, programada para el 11 de agosto.
Esta medida tiene como objetivo descomprimir la tensión surgida en las últimas semanas, impulsada por las demandas de los fiscales federales que han solicitado mejoras presupuestarias y una planificación adecuada para evitar el fracaso del nuevo sistema. El Gobierno espera responder pronto a la nota enviada por el Procurador interino, Eduardo Casal, ofreciendo soluciones a varios de los reclamos planteados.
Recursos y Equipamiento para el Nuevo Sistema
Fuentes de la cartera de Justicia han informado que el paquete incluye una dotación de equipamiento informático y sistemas UFED, esenciales para las investigaciones penales y el análisis de dispositivos electrónicos. Estos recursos ya han sido adquiridos para el distrito de Comodoro Py y para el Penal Económico. Además, se contempla el traspaso voluntario de personal del Poder Judicial al Ministerio Público, así como un relevamiento de espacios disponibles en distintos edificios para adaptar las fiscalías a la nueva realidad del sistema acusatorio.
El plan también prevé la asignación de recursos de almacenamiento informático, discos portátiles y hardware necesario para satisfacer las necesidades técnicas de los fiscales. Todo esto será financiado a través de un programa de la ONU, que ya se ha utilizado para implementaciones anteriores en otras jurisdicciones.
Vacantes y Reorganización del Personal
Uno de los grandes retos que enfrenta el Ministerio Público Fiscal es la cobertura de vacantes. Actualmente, hay un total de 150 pliegos acumulados en el Poder Judicial, que aún deben ser firmados por el presidente Javier Milei. Esta situación es crítica, dado que se estima una vacancia del 40% en las posiciones disponibles, lo que podría generar un colapso en la atención de los expedientes.
En medio de la controversia, Cúneo Libarona intenta desescalar la situación, que incluye una causa penal en su contra por presunto abuso de autoridad. Los esfuerzos del Gobierno se centran en asegurar a los fiscales que la implementación del sistema acusatorio será un proceso gradual y que se tomará en cuenta la realidad actual del sistema judicial.
Reubicación y Adaptación de Espacios
Para abordar la falta de espacio físico, el Ministerio de Justicia está realizando un estudio sobre los edificios disponibles, buscando una reubicación que permita destinar más metros cuadrados a los Ministerios Públicos. Se está considerando la posibilidad de trasladar juzgados y tribunales de menores a otras dependencias, como el Palacio de Tribunales, para optimizar el espacio.
Sin embargo, cualquier cambio requiere la coordinación con el Consejo de la Magistratura y debe cumplir con lo estipulado en la ley para el traspaso de personal. Se prevé que este proceso sea voluntario, y los empleados tendrán la opción de seleccionar su lugar de trabajo. A medida que se acerca la fecha de implementación del nuevo sistema, la presión aumenta para encontrar soluciones viables que satisfagan a todas las partes involucradas.
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