El gobierno de Milei inicia la privatización de Corredores Viales
El 1 de septiembre de 2025, el Ministerio de Economía anunció un cambio importante: comenzó el proceso para privatizar Corredores Viales S.A., la empresa encargada de la gestión de más de 6.000 kilómetros de rutas en Argentina. Esta resolución forma parte de un esfuerzo más amplio del Gobierno para reducir el tamaño del sector público, algo que ya ha estado en marcha.
La privatización se enmarca dentro de la Ley 27.742, también conocida como la Ley Bases, que incluyó a Corredores Viales en la lista de empresas que pueden ser privatizadas. Esta medida está acompañada por otros decretos, como los 695/2024 y 97/2025, que regulan el proceso.
La responsabilidad recaerá en el Ministerio de Economía, con el apoyo de la Secretaría de Transporte y la Agencia de Transformación de Empresas Públicas. La idea es cancelar los contratos de concesión actuales y permitir que nuevos operadores privados asuman la gestión de las rutas, llevando a la liquidación final de la empresa estatal.
Además, la resolución pide a la Secretaría de Transporte que elabore un inventario de los bienes que deben devolverse al Ministerio de Economía y que prepare la documentación necesaria para terminar los contratos existentes. También se les da la tarea de evaluar el estado de las obras e infraestructura vial y determinar qué convenios pueden rescindirse.
Un elemento clave en este proceso es el uso de la plataforma digital CONTRAT.AR para manejar las licitaciones y adjudicaciones de las concesiones. La Agencia de Transformación coordinara todo el procedimiento, incluido el cálculo de ingresos futuros por peajes y la tasación de los activos de la empresa, que estará a cargo del Tribunal de Tasaciones de la Nación u otro organismo pertinente.
Este proceso tiene un plazo máximo de doce meses para que se concreten las nuevas adjudicaciones y se avance en la liquidación de la empresa estatal. Durante la transición, la Secretaría de Transporte puede solicitar apoyo técnico de Corredores Viales, lo que podría facilitar una transición más suave.
La privatización tiene un impacto significativo en la gestión de la red vial nacional. Atraerá operadores privados, tanto nacionales como internacionales, para gestionar rutas y autopistas bajo un sistema de peaje. Según datos oficiales, a fines de junio, Corredores Viales contaba con 3.307 trabajadores y reportó un superávit financiero de $5.200 millones en el primer semestre de 2025, lo que permitió que la empresa no solicitará transferencias del Tesoro Nacional.
Con este nuevo esquema, se espera que la administración de las rutas mejore y que más inversiones fluyan hacia el sector vial, algo que todos los conductores y viajeros agradecerán.