El 23 de marzo de 2025 marcó un hito en la historia del sistema previsional argentino: tras casi dos décadas de vigencia, las moratorias previsionales llegaron a su fin. El Poder Ejecutivo decidió no extender este esquema por dos años más, lo que abre un debate crucial sobre el futuro de la protección económica de los adultos mayores en el país. Aunque la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) seguirá siendo una opción desde los 65 años, esta situación resalta las inequidades y la insostenibilidad de un sistema que, aunque inclusivo, demanda una reforma integral urgente.
El sistema previsional argentino, considerado uno de los más antiguos y consolidados de la región, ha logrado reducir la pobreza y la indigencia en la población mayor de 65 años. Sin embargo, esta solución, concebida como un parche temporal hace 20 años, ha generado distorsiones que dificultan la sostenibilidad y equidad del sistema. Actualmente, entre los 5 millones de jubilados, 3,8 millones accedieron a su beneficio a través de las moratorias, una medida que aunque efectiva en su momento, ya no responde a las necesidades actuales.
Desafíos del Sistema Previsional
El sistema fue diseñado bajo la premisa de que el empleo en Argentina se formalizaría completamente, estableciendo que para jubilarse se requerían al menos 30 años de aportes. Sin embargo, la realidad muestra que el 12% de los jubilados cumple con este requisito sin aportes previos, y el 59% ha trabajado pero sus aportes no son reconocidos. La moratoria permitía a muchos comprar años de aportes que les faltaban, pero ahora, quienes no alcancen el mínimo recibirán la PUAM, un beneficio reducido que agrava aún más las inequidades.
Además, el sistema es extremadamente costoso, representando un gasto cercano al 10% del PIB en promedio en los últimos años. Este gasto es elevado en comparación con países con demografía similar, y se complica aún más por la existencia de numerosos beneficiarios jóvenes y esquemas de excepción generosos. Las pensiones por fallecimiento y las no contributivas por invalidez también presentan problemas significativos, lo que indica la necesidad de una revisión integral.
Propuesta de Reforma Integral
Ante esta situación, la organización CIPPEC y otros colegas están trabajando en una propuesta de reforma integral que unifique beneficios, simplifique las reglas y elimine las distorsiones. La idea es crear un sistema multipilar que incluya un pilar básico universal, un pilar proporcional basado en la historia de aportes sin requisito mínimo, y un pilar voluntario de ahorro previsional. Este diseño busca eliminar la brecha entre beneficios contributivos y no contributivos, premiar el esfuerzo de quienes aportaron y reducir la dependencia de soluciones excepcionales.
La implementación de esta reforma no será sencilla, ya que requerirá consensos políticos amplios en un contexto de polarización. Se propone la creación de una comisión técnica de expertos convocada por el Ejecutivo para preparar una propuesta integral hacia fines de 2025. Este enfoque podría despolitizar el debate y sentar las bases para una solución a largo plazo.
Transición y Derechos Adquiridos
Un aspecto crítico de la reforma es la transición, que debe respetar los derechos adquiridos de quienes ya se jubilaron bajo las reglas vigentes. Esto implica que los beneficios de la reforma se verán gradualmente, a medida que nuevas generaciones ingresen al sistema. La eliminación de regímenes de excepción, que representan más del 40% de los beneficios, también enfrentará oposición, y negociar su integración al régimen general será clave para evitar conflictos.
El fin de las moratorias representa una oportunidad para repensar el sistema previsional argentino desde sus cimientos. Las ineficiencias actuales permiten imaginar un esquema donde se mejore la protección de los adultos mayores y se genere un ahorro fiscal significativo. La reforma propuesta equilibra inclusión y equidad, asegurando que se proteja a todos los mayores de 65 años mientras se recompensa el esfuerzo contributivo.
El 23 de marzo de 2025 debería marcar no solo el fin de una política de emergencia, sino el inicio de una transformación profunda. La propuesta de un modelo multipilar que combine universalidad, proporcionalidad y sostenibilidad es clara, y su éxito dependerá de la voluntad de los actores involucrados para priorizar la equidad y la sostenibilidad sobre intereses sectoriales. En un contexto donde la previsión social es crucial para la vida de millones, no hay margen para seguir postergando esta discusión.
