El borrador de la reforma laboral cambia indemnizaciones y despidos
La Casa Rosada se encuentra ultimando los detalles para convocar a sesiones extraordinarias, y la expectativa está a flor de piel. Durante esta noche, se firmará la convocatoria que incluirá un paquete de reformas económicas, laborales y penales que Javier Milei desea aprobar antes de que termine el año. Entre estos proyectos, destaca la reforma laboral, cuyo impacto genera un gran revuelo tanto entre los sindicatos como en distintos sectores de la oposición. Este tema es considerado por el oficialismo como clave para “modernizar” el mercado laboral.
El nuevo borrador que circuló recientemente aclara que el Ejecutivo está decidido a transformar profundamente el sistema de contratación. Esto se centra especialmente en los despidos y en las indemnizaciones. Si bien se busca una modernización, muchos se preguntan qué significa realmente esto en la práctica.
La propuesta sugiere un cambio en el esquema tradicional que conocemos sobre la indemnización por antigüedad. En lugar de esto, se plantea un fondo de cese laboral, o un seguro privado que será financiado por los empleadores. Este fondo actuaría como un respaldo económico acumulado administrado por terceros, en vez de un pago directo por cada año de trabajo.
En cuanto a la reconfiguración del despido, el proyecto plantea que los empleadores tendrán más flexibilidad para extinguir el vínculo laboral. Por ejemplo, se podrán dar por finalizados contratos en situaciones como enfermedades prolongadas o la imposibilidad de reubicación. Esto implicaría que la compensación económica dependiera de ese fondo de cese, o se calcularía con una fórmula reducida en comparación con la actual. Además, se regulará la posibilidad de reincorporación a través de la justicia, aunque también se permitiría una opción de compensación para evitar el retorno al puesto.
Otro aspecto a considerar son las licencias. Aunque se mantendría el derecho a vacaciones pagas, el proyecto abre la puerta a negociaciones más individuales sobre fechas y fraccionamientos. Se introduce la figura de los “bancos de horas”, lo que permitiría intercambiar horas extras pagas por tiempo libre acumulado, brindando más flexibilidad a los empleadores en la organización de la jornada laboral.
Desde el Gobierno aseguran que estos cambios buscarían reducir la litigiosidad y fomentar nuevas contrataciones. Sin embargo, en el ámbito sindical, la percepción es completamente opuesta. Muchos sindicalistas consideran que se están recortando derechos adquiridos, se abarata el despido y se precarizan las condiciones laborales. De hecho, varios gremios ya han anunciado posibles medidas de fuerza si el proyecto avanza tal como está.
La discusión legislativa será crucial, ya que el oficialismo necesita de aliados para aprobar las reformas en las sesiones extraordinarias, y además se enfrenta a gobernadores y bloques que reclaman garantías sobre el impacto de estas modificaciones en sus territorios. Los aspectos más controvertidos, como el fondo de cese y la flexibilización de los despidos, podrían ser objeto de revisión durante las negociaciones parlamentarias.
Mientras la Casa Rosada trabaja en la convocatoria formal, el mercado laboral está atento. Lo que se vote en las próximas semanas definirá si el sistema argentino mantiene su modelo tradicional de protección o si da un giro hacia un enfoque más flexible, con costos de salida limitados y reglas más centradas en acuerdos individuales.