EEUU regula la atención médica de género para menores trans
El Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos ha lanzado una serie de regulaciones federales que están generando un gran revuelo. Estas normas buscan obstaculizar el acceso a cuidados médicos para menores transgéneros, algo que ya ha empezado a desatar debates intensos en el ámbito político, médico y legal. La situación podría incluso desembocar en posibles litigios contra la administración del presidente Donald Trump.
Recientemente, se presentó un paquete de regulaciones que limitará significativamente los tratamientos médicos para menores trans. Entre las más controvertidas, se incluye la prohibición para que hospitales que ofrezcan bloqueadores de la pubertad o realicen cirugías de transición puedan participar en programas como Medicare y Medicaid. Además, se eliminaría la cobertura federal para estos procedimientos.
El anuncio fue realizado por Robert F. Kennedy Jr., secretario de Salud, quien catalogó estas intervenciones como negligencia médica, argumentando que no cumplen con los estándares de atención aceptados por la comunidad profesional. Además, las calificó de malas prácticas.
Esta iniciativa abarca, también, una serie de acciones de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), que ha comenzado a enviar cartas de advertencia a los fabricantes de ciertos dispositivos, como las fajas mamarias que se usan en tratamientos de disforia de género. Por su parte, Jay Bhattacharya, director de los Institutos Nacionales de Salud (NIH), ha anunciado que se retirarán los fondos destinados a investigaciones sobre la transición de género, a las que descalificó como “ciencia basura”.
A pesar de que numerosas asociaciones médicas en EE. UU. defienden la atención de afirmación de género como un estándar clínico, el Gobierno reafirma su postura. La Dra. Susan Kressly, presidenta de la Academia Estadounidense de Pediatría, remarcó que esta interferencia política en la práctica clínica podría poner en riesgo a muchas familias y establece un precedente peligroso al permitir que el Gobierno decida quién recibe atención médica.
La situación se agrava con la reciente aprobación en la Cámara de Representantes de un proyecto de ley que podría criminalizar a los médicos que realicen estos tratamientos, imponiendo penas de hasta 10 años de prisión. La iniciativa aún debe discutirse en el Senado, donde su aprobación no es segura, a pesar de la mayoría republicana.
Ante este panorama, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) ya ha anunciado que impugnará estas regulaciones en la Justicia, llamándolas “ataques crueles e inconstitucionales”. La respuesta de Kennedy Jr. fue clara: “Si la gente nos demanda, están en su derecho”. Sin embargo, confía en que las nuevas políticas serán consideradas legales.