Dos jueces apoyan condena a Jair Bolsonaro por intento de golpe
El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil ha comenzado esta semana la fase final de un juicio que podría marcar un antes y un después en la historia política del país. Se trata de la responsabilidad del expresidente Jair Bolsonaro en un intento de revertir los resultados electorales de 2022. Dos jueces del panel ya votaron a favor de condenar a Bolsonaro por liderar una conspiración criminal para anular dichas elecciones. Esto está acercando el fallo a la mayoría necesaria para confirmar la condena.
En este clima de alta tensión institucional, la decisión del STF tiene el potencial de influir en la percepción del riesgo político y la estabilidad democrática en Brasil. Esto es fundamental para inversores y empresas que observan atentamente lo que sucede. En efecto, el tribunal se encuentra a un voto de alcanzar la mayoría que podría condenar al exmandatario por orquestar un intento de golpe de Estado luego de su derrota frente a Luiz Inácio Lula da Silva.
El juez Alexandre de Moraes, a cargo del caso, ha calificado a Bolsonaro como “líder de la organización criminal”. Moraes no tiene dudas sobre el intento golpista, que él sostiene que buscaba restringir la función del Poder Judicial para afianzar el poder del grupo político de Bolsonaro. Antes de desarrollar su decisión, rechazó todas las impugnaciones hechas por la defensa que intentaban anular el proceso.
Otro juez, Flávio Dino, quien fue ministro de Justicia durante el mandato de Lula, también votó a favor de condenar a Bolsonaro en todos los cargos. Ahora, se espera el voto de los restantes jueces: Luiz Fux, Carmen Lúcia y Cristiano Zanin, que también fue abogado de Lula. Curiosamente, dos de los jueces nombrados por Bolsonaro no forman parte del panel.
Posibles sanciones y alcance legal
Si la condena se confirma, Bolsonaro podría enfrentar hasta 43 años de prisión, dado los agravantes asociados a los delitos que se le imputan. La Procuraduría General de la República le atribuye haber intentado impedir la investidura de Lula en 2022, organizando una serie de acciones en conjunto con la cúpula militar para mantenerse en el poder.
Aunque el complot no avanzó por falta de apoyos, hubo un intento real de derrocar al presidente electo el 8 de enero de 2023. En aquella ocasión, los seguidores de Bolsonaro invadieron y depredaron la sede de los Tres Poderes. Las investigaciones también han sacado a la luz un plan para asesinar a Lula, a su vicepresidente Geraldo Alckmin y a Moraes, quien en ese momento presidía el Tribunal Superior Electoral.
Bolsonaro, por su parte, niega todas las acusaciones. Asegura que, aunque debatió la posibilidad de declarar el estado de sitio, nunca dio órdenes de violencia directa y afirma que se encontraba en Estados Unidos durante los disturbios del 8 de enero. Actualmente, el exmandatario está bajo arresto domiciliario desde principios de agosto, tras haber incumplido medidas cautelares en otra investigación. La etapa final del juicio que comenzó la semana pasada se espera que concluya en breve, representando un hito relevante para la gobernanza y la estabilidad política de Brasil.