Docente busca anular decreto que suspendió ley de financiamiento universitario
El martes pasado, se publicó en el Boletín Oficial el Decreto 759/2025, mediante el cual el Presidente Javier Milei firmó la ley N° 27.795, que tiene que ver con el Financiamiento de la Educación Universitaria y la Recomposición del Salario Docente. Una noticia importante para todos aquellos que siguen de cerca el tema educativo en el país.
No obstante, este decreto también trajo consigo un revuelo. Un abogado, Andrés Gil Domínguez, decidió dar un paso al frente e inició una acción colectiva en la Justicia Federal de La Pampa. Su objetivo: declarar la inconstitucionalidad del decreto que suspendió la ejecución de la ley de financiamiento universitario. Este es un tema delicado, ya que toca aspectos fundamentales de cómo se manejan las financias en el ámbito educativo.
El decreto menciona, entre otras cosas, que la ejecución de la ley queda suspendida si no se preveé su financiamiento en el presupuesto nacional. Es decir, en la práctica, esto significa que no se pueden implementar nuevos gastos sin contar con los fondos correspondientes. Esta normativa se basa en la ley N° 24.629, que exige claridad sobre cómo se van a cubrir los gastos que genera cualquier nueva ley.
Ante esta situación, el Consejo Interuniversitario Nacional decidió actuar. Este organismo que integra a los rectores de las universidades nacionales anunció que recurrirán a la Justicia para exigir que se cumpla con la ley. Además, tanto la Federación de Docentes Universitarios (FEDUN) como la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) organizaron un paro de 24 horas en todas las universidades del país para manifestar su descontento.
Gil Domínguez, que es docente de la Universidad Nacional de La Pampa, argumenta que su acción se basa en la defensa de los derechos colectivos. Según él, se busca una retribución justa en función del derecho a trabajar y enseñar, tal como se establece en el Fallo Halabi. Esta base legal podría ser clave en la continuidad de su reclamo.
El abogado señala que la suspensión del financiamiento podría interpretarse como un tipo de veto encubierto, un abuso de autoridad que afecta el funcionamiento democrático del Poder Legislativo. Para él, el Decreto 759/2025 representa un grave daño al proceso constitucional y a la forma en que se sancionan las leyes en el país, perjudicando la situación de muchos docentes.
Así, la situación educativa en Argentina entra en un nuevo capítulo, lleno de movimientos y reacciones que vale la pena observar. La educación es un tema que nos atañe a todos, y es fundamental que las decisiones que se tomen cuenten con un respaldo adecuado y justo para quienes la imparten y reciben.