Un grupo de diputados de la oposición ha tomado la iniciativa de declarar la emergencia en discapacidad en Argentina. Esta propuesta busca abordar las crecientes necesidades de las personas con discapacidad y mejorar la calidad de los servicios que reciben. En un contexto donde se han realizado movilizaciones en varias ciudades del país, los legisladores consideran urgente actualizar las políticas relacionadas con este sector.
El dictamen fue elaborado por un plenario de comisiones en la Cámara de Diputados, que sugiere que la emergencia se mantenga hasta diciembre de 2027. Esto implicaría una revisión y aumento en los montos que reciben los prestadores de servicios, así como una agilización en la aprobación de pensiones para quienes lo necesitan. Sin embargo, la propuesta aún requiere la aprobación de una sesión antes de ser elevada al Senado.
Contexto y Necesidades de la Propuesta
El contexto que rodea esta iniciativa es alarmante. Actualmente, los montos que reciben los prestadores de servicios, como transportistas y acompañantes terapéuticos, no se han actualizado desde febrero de 2023, lo que genera una situación crítica. Según el diputado Daniel Arroyo, quien lidera la Comisión de Discapacidad, la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) no ha podido cumplir con las auditorías necesarias, lo que ha llevado a una escasez de recursos en el sector.
- Servicios de transporte: No se ha incrementado la retribución a los transportistas desde hace más de un año.
- Acompañantes terapéuticos: Su compensación económica se mantiene estancada.
- Personas con discapacidad en talleres: Su salario mensual es de $28.000, cifra que tampoco ha sido revisada.
Desafíos en la Auditoría y Asignación de Recursos
Arroyo ha señalado que, aunque el gobierno ha comenzado una auditoría de los beneficios, no se están realizando de manera efectiva. Esto se debe a que no se identifican adecuadamente a los médicos que han emitido certificados por encima del promedio, ni se evalúan las localidades que presentan solicitudes excesivas. Esto ha derivado en que solo se hayan otorgado 586 pensiones de las 500.000 solicitudes presentadas en los últimos 14 meses.
La situación ha llevado a varios bloques políticos a presentar diferentes propuestas en el plenario. Un dictamen mayoritario, respaldado por 59 firmas de distintos partidos, busca declarar la emergencia, mientras que otros grupos presentan alternativas que se centran en reformar la legislación laboral para mejorar la empleabilidad de las personas con discapacidad.
Comentarios de los Legisladores
Durante las discusiones, la diputada Mónica Fein criticó las políticas del gobierno, acusando de que se utilizan mecanismos que aumentan la vulnerabilidad de quienes dependen del estado. Por su parte, Martín Maquieyra, del PRO, enfatizó la necesidad de actualizar el nomenclador del ANDIS y propuso cambios en la Ley de Empleo 24.013 para incentivar la contratación de personas con discapacidad.
El consenso entre los legisladores es claro: es necesario actuar con rapidez y eficiencia para abordar los problemas que enfrenta este sector. La posibilidad de reasignar recursos de manera eficiente podría mejorar significativamente la situación de las personas con discapacidad en el país.
Si estás interesado en saber más sobre cómo estas iniciativas pueden afectar a la comunidad de personas con discapacidad, no dudes en informarte y compartir esta información con quienes puedan beneficiarse. Es fundamental que todos participemos en el debate y apoyemos las medidas que promueven la inclusión y el bienestar de este grupo tan vulnerable.
