Dictamen sobre la ley de inocencia fiscal logrado

El Gobierno sigue con su marcha para implementar su agenda legislativa justo al inicio de las sesiones extraordinarias en la Cámara de Diputados. Después de haber logrado un apoyo mayoritario en las comisiones para el proyecto de Presupuesto 2026 y el “Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria”, este martes se logró el primer dictamen para la modificación del Régimen Penal Tributario. La votación para estas tres iniciativas está programada para el miércoles 17 de diciembre a partir de las 14 horas.

La propuesta, que trae consigo el nombre de “Ley de Presunción de Inocencia Fiscal”, busca actualizar los montos que deben declararse para no ser considerados delitos de evasión tributaria. Se pretende elevar el umbral de 1,5 millones a 100 millones de pesos. Aunque suena a cifras elevadas, se estima que hay alrededor de u$s243.000 millones en manos de argentinos fuera del circuito legal, lo que podría incentivar a regularizar cierta parte de ese dinero sin necesidad de explicar su origen.

Desde las filas libertarias, se ha indicado que este cambio redefine los criterios para identificar delitos fiscales y prioriza la intervención penal solo en casos de evasión considerable. También se busca establecer límites en la prescripción de faltas tributarias y se sugiere que la acción penal se extinguiría si el contribuyente regulariza su situación.

Régimen Penal Tributario: la propuesta del peronismo

Por su parte, el bloque peronista ha presentado su propio dictamen. La izquierda se opone a estos cambios, mientras que Provincias Unidas no apoyó ninguno de los documentos, y Unión por la Patria se presenta con una propuesta alternativa que también incrementa los umbrales para delitos de evasión tributaria, ajustándolos al salario mínimo vital y móvil. A cambio de una regularización y el pago de multas, se habilitaría la eximición de condena penal.

Además, se contempla la posibilidad de que el contribuyente pueda rectificar su declaración jurada antes de una inspección del Fisco, evitando así una denuncia penal. Un aspecto interesante es que se establece un plazo de 10 años para que las provincias reclamen impuestos, así como otros aportes de empleadores.

Por último, el dictamen del peronismo también se alinea con la simplificación en la presentación de declaraciones juradas para aquellos contribuyentes que tienen “una capacidad contributiva razonable”. En este sentido, los requisitos se reducirían a 200 millones de pesos de ingresos y 2.000 millones de patrimonio.

Con estos cambios en marcha, se busca una normativa más flexible y comprensible para los contribuyentes, en un contexto donde regularizar la situación fiscal puede resultar vital para muchos argentinos.

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