Fiscales generales demócratas de 23 estados y de la ciudad de Washington han presentado una demanda contra el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) y su secretario, Robert F. Kennedy Jr., por la reducción de 12.000 millones de dólares en fondos destinados a la salud pública. Este recorte, alegan los fiscales, es ilegal y perjudicial para los servicios esenciales de salud.
En su demanda, los fiscales piden una orden de restricción temporal y medidas cautelares para detener inmediatamente estos recortes, argumentando que provocarán la interrupción de servicios clave de salud pública y la pérdida de miles de empleos en el sector sanitario.
Consecuencias de los Recortes
La semana pasada, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) anunciaron un recorte de aproximadamente 11.400 millones de dólares en fondos que estaban destinados a los departamentos de salud estatales y comunitarios, particularmente durante la respuesta a la pandemia de COVID-19. Aunque se espera que estos fondos sean recuperados en un plazo de 30 días, los fiscales sostienen que nunca se destinaron exclusivamente a la respuesta al virus.
Estos recursos, en realidad, estaban destinados a fortalecer el sistema de salud pública a largo plazo y a preparar a las comunidades para futuras pandemias. La magistrada Letitia James afirmó que recortar estos fondos podría revertir los avances logrados en la crisis de opioides y desestabilizar los sistemas de salud mental.
El Argumento Legal
La demanda sostiene que el gobierno de Trump está socavando el poder constitucional del Congreso, al cancelar fondos que habían sido asignados legalmente. Los fiscales argumentan que la administración carece de autoridad para rescindir los fondos previamente designados por el Congreso.
La coalición de fiscales generales busca no solo detener los recortes, sino también establecer una orden judicial permanente que asegure la protección de los fondos destinados a la salud pública. Este caso resalta la creciente tensión entre los gobiernos estatales y la administración federal respecto al manejo de los recursos de salud.
En medio de este conflicto, se espera que la situación se desarrolle de manera significativa, atrayendo la atención de medios y ciudadanos sobre cómo estos recortes pueden impactar la salud pública en el país.
La lucha por la defensa de la salud pública continúa, y la resolución de este caso podría tener implicaciones duraderas para la política de salud en Estados Unidos.
