Cuáles son las novedades a partir de hoy
Mientras se espera el debate por la Ley Hojarasca, el Gobierno argentino ha tomado una decisión importante: derogó 58 resoluciones y disposiciones relacionadas con el comercio, la industria, las importaciones y los programas de consumo. Esta medida se considera necesario porque muchas de esas normativas ya no tienen relevancia, a la luz de los cambios realizados por la actual gestión. La formalización de esta decisión llegó a través de la Resolución 12/2026 de la Secretaría de Coordinación de Producción, que pertenece al Ministerio de Economía.
El objetivo detrás de la Resolución 12/2026 y la Disposición 534/2026 es que el marco legal sea más claro y accesible. Se busca eliminar ambigüedades y reducir la incertidumbre que las normas desactualizadas pueden causar. Mientras tanto, el Congreso sigue avanzando en la media sanción de la Ley Hojarasca, impulsada por el ministro Federico Sturzenegger, que propone derogar y modificar más de 70 leyes vigentes. Se busca, así, disminuir la burocracia y fomentar un entorno más amigable para el desarrollo económico.
Las disposiciones eliminadas estaban amparadas en normas que ya fueron modificadas o derogadas, como la Ley de Abastecimiento y la Ley de Góndolas. Por ello, se establece que han perdido su aplicabilidad. Entre estas normas, hay resoluciones que regulaban el control de precios de ciertos productos, requisitos de información para la comercialización de bienes y procedimientos para las importaciones.
El Gobierno argumenta que la proliferación normativa ha generado superposición y desactualización, creando confusión sobre qué leyes siguen vigentes. Esto, a su vez, conlleva a una inseguridad jurídica que complica la vida cotidiana de los ciudadanos. De ahí que se subraye la necesidad de revisar de forma continua la normativa estatal, para enfocarse en lo que realmente importa y ofrecer respuestas más rápidas y efectivas.
La derogación de normas se alinea con el proceso de simplificación regulatoria que el Gobierno está implementando. Es parte de una búsqueda más amplia por actualizar un marco legal que, según el oficialismo, contiene leyes obsoletas o incompatibles con la realidad actual.
Derogaciones realizadas mediante la Resolución 12/2026
Entre las normas derogadas se encuentran 22 vinculadas al Fondo Estabilizador del Trigo Argentino (FETA), que era un mecanismo de intervención para controlar precios en la cadena de trigo. También se eliminaron 30 normativas de programas como Ahora 12 y Cuota Simple, que afectaban las condiciones de crédito. Además, las instituciones educativas ya no necesitan informar anticipadamente sobre sus aranceles, algo que solía generar aumentos injustificados.
Otros cambios incluyen la eliminación de normativas que se superponían con mecanismos ya establecidos para atender a consumidores adolescentes, concentrando así sus reclamos en un solo canal que promete ser más efectivo.
Las normas que el Gobierno derogó
Algunas de las leyes que se eliminaron incluyen:
- Ley N° 355/2022 de la ex Secretaría de Comercio Interior, junto a 19 de sus modificatorias, que regulaban el control de precios de productos.
- Normativas vinculadas a requisitos de información y a procedimientos de autorización para la comercialización de bienes.
- Regulaciones de programas que ya cumplieron su ciclo y que no se renovaron.
Principales puntos de la Ley Hojarasca
La Ley Hojarasca propone eliminar más de 70 normas que ya no son útiles. Entre sus puntos destacados:
- Eliminación de normas redundantes que han sido superadas por regulaciones más modernas.
- Supresión de leyes que, debido a avances tecnológicos, se han vuelto obsoletas.
- Revisión de normativas que restringen libertades individuales, especialmente aquellas que fueron introducidas en contextos de intervención estatal.
- Una reducción de la burocracia estatal, eliminando organismos y trámites que se consideran innecesarios.
- Cambios en el financiamiento de entidades que anteriormente contaban con recursos estatales, cambiando su modelo de sostenimiento a uno más autosuficiente.
La propuesta busca facilitar el entendimiento y cumplimiento por parte de ciudadanos y empresas, promoviendo un marco más claro en la legislación. La idea es que los derechos estén garantizados y que todo sea permitido, excepto lo prohibido. Así, se plantea un Estado menos intervencionista y más transparente.