La situación de Vicentin se torna cada vez más crítica. Desde que la empresa entró en default en diciembre de 2019, acumulando deudas superiores a 1.300 millones de dólares, su futuro ha estado en la cuerda floja. Este sábado, el directorio decidió detener toda actividad industrial y cerrar sus dos plantas en Ricardone y Avellaneda, debido a la falta de recursos para pagar los salarios y mantener contratos activos.
En un comunicado emitido el 6 de abril, Vicentin informó que nos vemos obligados a ordenar el cierre seguro de todas las plantas en operación. Esta decisión se justifica como una medida de protección de los activos ante un panorama financiero asfixiante y la falta de respuestas de los inversores estratégicos.
Situación Actual y Consecuencias
La nómina de salarios de marzo no ha sido abonada y no hay certeza de que se puedan cubrir los pagos en los plazos legales. Los contratos que permitían a Vicentin industrializar granos ajenos, su única fuente de ingresos desde que dejó de operar con mercadería propia, se encuentran paralizados.
Sin granos, sin ingresos y sin fondos líquidos, la firma ha decidido detener toda actividad mientras intenta renegociar acuerdos. La audiencia convocada por el juez del concurso para reactivar los fasones fracasó, ya que ninguno de los principales inversores se presentó.
Presiones y Deudas Acumuladas
La decisión de cerrar las plantas ha sido vista como una jugada de presión hacia los inversores y la Justicia santafesina, que no homologó el acuerdo concursal alcanzado con más del 70% de los acreedores. Esta parálisis total busca acelerar definiciones clave, con la Corte Suprema de la Nación como el próximo escenario posible.
El cierre de operaciones deja a más de 1.000 empleados directos y a 3.000 puestos indirectos en una situación muy precaria. El gremio aceitero ha declarado estado de alerta máxima y anticipa posibles medidas de fuerza si no se abonan los salarios adeudados en breve.
A la crisis laboral se suma una deuda millonaria con la Cooperativa de Servicios Públicos de Avellaneda, que podría interrumpir el suministro eléctrico en una de sus plantas. La empresa arrastra una deuda de más de $400 millones por consumo eléctrico, lo que pone en riesgo cualquier posibilidad de continuidad operativa.
Implicaciones Legales
La situación judicial también ha escalado; la semana pasada, la Justicia de Rosario dictó la prisión preventiva para cuatro exdirectivos de Vicentin. Estos individuos están acusados de asociación ilícita, estafa y administración fraudulenta por un monto estimado de más de 600 millones de dólares, en un esquema que involucraba falsificación de balances y desvío de fondos.
La industria aceitera nacional observa con preocupación el desenlace de este caso. No solo está en juego la continuidad de una empresa histórica, que representó el 10% de la capacidad de molienda del país, sino también la estabilidad de uno de los sectores más dinámicos del complejo agroexportador.
Para más información sobre la crisis de Vicentin y sus implicaciones, te invitamos a mantenerte informado y a compartir este contenido. La situación actual resalta la importancia de la transparencia y la responsabilidad en la gestión empresarial.
