Crean mecanismo para subvaluar activos que Milei quiere privatizar
El BICE, hay que decirlo, ha estado en el centro de varias controversias recientes. Cuando el Gobierno decidió que esta entidad asumiera las tasaciones que, en principio, le competían al Tribunal de Tasaciones, empezaron a asomarse renuncias clave, incluyendo el nombramiento de Maximiliano Voss como nuevo presidente y la llegada de nuevos directores, destacándose Felipe Núñez.
Voss, que tiene una trayectoria vinculada a la política, trabajó en el municipio de San Antonio de Areco y también en la Ciudad de Buenos Aires durante la gestión de Aníbal Ibarra. Curiosamente, su hermano, Martín Voss, fue socio de Luis Caputo, y su mano derecha en el grupo Invernea, Juan Alberto Pazo, también está en la escena. Además, Martín Voss ocupa un lugar en VP Comunicación, que tiene contratos con el gobierno actual.
Pero eso no es todo. Según el Boletín Oficial, hoy en día Voss tiene participación directa en al menos cuatro empresas: Las Blondas, Punto Cruz, Demibell y Gossip, algunas de las cuales eran de Francisco De Narváez. En estas empresas, Voss comparte socios con Dirk Donath y Lucía Emilia Ozán, quien, curiosamente, también aparece en los directorios de compañías asociadas a Rogelio Pagano.
Una unidad creada de apuro
La historia se remonta a 2025, cuando el ministro Luis Caputo le pidió al BICE crear, en julio, la famosa Unidad de Valuaciones. Este movimiento fue clave, ya que se sacó de en medio al Tribunal de Tasaciones, siguiendo sugerencias de los Administradores Gubernamentales del Ministerio de Desregulación, que busca avanzar en privatizaciones.
El BICE luego se involucró en la tasación de importantes empresas, como las centrales hidroeléctricas, Transener, AySA e Intercargo. Sin embargo, la tasación de Nucleoeléctrica ha sido más complicada tras la salida escandalosa de Demian Reidel.
La privatización de las centrales hidroeléctricas se anunció el pasado 29 de diciembre, y dos de estas cayeron en manos de los hermanos Juan y Patricio Neuss a través de Edison (Alicurá y Cerros Colorados). La fundación Soberanía de Neuquén presentó una denuncia ante la justicia federal, señalando que Villamonte había evitado avanzar con la tasación del Ministerio de Economía. Según fuentes, el Tribunal de Tasaciones delegó esa tarea a bancos, que tampoco la realizaron, lo que llevó a que las hidroeléctricas fueran “rematadas” sin un valor oficial.
La situación se volvió más extraña cuando la operación de Transener se hizo por 356 millones de dólares, a pesar de que se había anticipado un precio de 205 millones. Además, durante la apertura de ofertas, hubo un problema técnico en la plataforma oficial, que permitió a Edison-Genneia superar a Central Puerto, de Nicky Caputo.
El conflicto se intensificó con Intercargo, que fue impugnado por el sindicato aeronáutico APA debido a seis irregularidades en la tasación del BICE. Se mencionaron temas como la subestimación de proyecciones financieras y falta de transparencia.
El mecanismo para involucrar al BICE
Intercargo ha estado operando en aeropuertos durante más de 30 años y, de acuerdo a lo que dicen en la empresa, ha sido rentable. Ante la consulta, se supo que el Banco Nación y el Banco Central se negaron a realizar las tasaciones por miedo a presiones políticas que podrían resultar en valuaciones perjudiciales.
Se argumenta que Caputo pidió la tasación al BICE, que no tiene experiencia en el tema. Cuando el primer pedido fue rechazado, destituyeron a la presidenta del BICE y nombraron a Voss, junto a un nuevo equipo. Días después, crearon la nueva oficina que se encargaría de la privatización.
Aquí es relevante mencionar que antes de la llegada de Voss, el BICE se enfocaba en el comercio exterior, no en la tasación de empresas públicas. En sus informes, se señala que la Unidad Valuadora se activó en julio de 2025.
Un aspecto controvertido es que el BICE ocultó las tasaciones haciendo referencia a un “secreto financiero”. Este tipo de argumento también se ha utilizado en el caso de las centrales hidroeléctricas.
El nombre de Diego Chaher, quien también trabajó con Macri, salta a la vista. Se supo que la propuesta del BICE a la Agencia de Transformación de Empresas Públicas incluyó cláusulas de confidencialidad, y el mismo Chaher reservó los documentos de las tasaciones.
La “joya” de Intercargo
El ex jefe de Gabinete, Manuel Adorni, mencionó en su informe que Intercargo tiene más fondos de los que el gobierno propone vender. La tasación oficial debería ser mucho más alta, superando los 93 millones de dólares, a pesar de que se fijó un precio de base de 45 millones.
Entre los interesados en Intercargo apareció el grupo de Eduardo Eurnekian, aunque algunos lo han desestimado por ser un posible monopolio. Se alega que ha capitalizado el desguace de la compañía, quedándose con el servicio de mangas.
El caso Nucleoeléctrica
Respecto a Nucleoeléctrica, se cuenta que el Tribunal de Tasaciones, bajo la firma de Julio Villamonte, se desentendió de su responsabilidad en 2025. Esto porque el Gobierno prefería que la tasación la hiciera el BICE o el Banco Nación, actuaciones que algunos consideran que violan la ley.
Hay un interés creciente en la venta del 44% de Nucleoeléctrica por apenas mil millones de dólares, cuando su tasación actual podría estar entre 10.000 y 11.000 millones.
Cómo se llevó a cabo la maniobra
En 2024, el Gobierno anunció la privatización de varias entidades, y la tasación oficial que debía llevar adelante el Tribunal de Tasaciones fue reemplazada por la intervención del BICE. Villamonte decidió, sin consultar a los otros miembros del Tribunal, que no participarían de este proceso.
Al final, las privatizaciones de empresas públicas están bajo la lupa, y se cuestiona la falta de transparencia en el proceso de tasación y venta. El hecho de que no se permita acceder a los contratos genera dudas sobre la legalidad de dichas valuaciones.