El futuro de más de 500,000 migrantes está en juego tras una reciente decisión de la Corte Suprema de EE.UU. que permitirá a la administración de Donald Trump revocar el estatus legal temporal que había sido otorgado por la gestión de Joe Biden. Esta medida se centra en el programa de parole, que beneficiaba a migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, otorgándoles residencia y permiso de trabajo temporal.
Según reportes de Reuters, esta decisión deja a cientos de miles de personas expuestas a una posible deportación acelerada. El programa de parole fue implementado en 2022 y ampliado en 2023, permitiendo a los migrantes ingresar al país por un periodo de dos años, siempre que tuvieran un patrocinador financiero y superaran controles de seguridad.
Detalles sobre la Decisión Judicial
De acuerdo con The New York Times, el programa permitió que más de 530,000 personas ingresaran al país con autorización para residir y trabajar temporalmente. La administración de Biden defendió esta iniciativa como una forma de desalentar los cruces fronterizos irregulares, ofreciendo una alternativa segura para quienes huían de diversas crisis.
La decisión de la Corte Suprema, emitida el 30 de mayo, no incluyó una argumentación escrita y fue adoptada en respuesta a una apelación de emergencia presentada por el gobierno de Trump. Las juezas liberales, Ketanji Brown Jackson y Sonia Sotomayor, expresaron su desacuerdo con esta medida.
Jackson, en un comentario para USA Today, sostuvo que la mayoría subestimó las consecuencias devastadoras de permitir que el gobierno altere de manera precipitada las vidas de casi medio millón de no ciudadanos mientras sus reclamos legales están pendientes.
Impacto del Programa de Parole
La administración de Trump, al asumir el poder, ordenó el fin de todos los programas de parole categóricos. En enero, el republicano firmó una orden ejecutiva para terminar con estos programas. En marzo, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, anunció la revocación de los permisos, acortando los plazos de los beneficiarios.
El gobierno argumentó que revocar el estatus de parole facilitaría la inclusión de los migrantes en un proceso de deportación acelerada, conocido como expedited removal. Sin embargo, esta medida fue impugnada en tribunales por grupos de migrantes y sus patrocinadores, quienes alegaron violaciones a la ley federal que exige revisiones caso por caso.
En abril, la jueza federal Indira Talwani falló que la ley no permite la terminación generalizada del programa, sino que requiere una revisión individual. Posteriormente, un panel de la Corte de Apelaciones del Primer Circuito respaldó esta decisión, bloqueando temporalmente la revocación masiva.
Desarrollo de Aranceles y Comercio
En otra línea de acción, el presidente Trump logró un triunfo legal importante al obtener la autorización de un tribunal federal para el regreso de aranceles a las importaciones. Esto se produce un día después de que un tribunal de Nueva York suspendiera la medida de la administración republicana, argumentando que el mandatario había excedido su autoridad.
El Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal de Washington ha ordenado a los demandantes responder antes del 5 de junio, y a la administración nacional antes del 9 de junio, dejando en suspenso temporalmente el bloqueo a los aranceles.
Con estos acontecimientos, la situación de los migrantes y las decisiones comerciales en EE.UU. continúan en un escenario de cambios significativos que afectarán a miles de personas y a la política nacional en general.
