Córdoba aprueba presupuesto 2026 y declara emergencia en jubilaciones
La Legislatura de Córdoba aprobó esta semana el paquete de reformas impositivas enviado por el gobernador Martín Llaryora. Después de un extenso debate en comisiones, se introdujeron cambios importantes en las iniciativas que presentó el oficialismo. Entre las medidas se destaca la emergencia en la caja jubilatoria provincial.
Durante la 23ª sesión ordinaria del 147° período legislativo, los diputados aprobaron varias leyes, incluyendo el Presupuesto General de la Administración Pública Provincial para el próximo año. También se dieron luz verde a la Ley Impositiva Anual 2026 y a modificaciones en el Código Tributario Provincial.
La propuesta de Llaryora establece unos $11.882.276.961.000 en ingresos, lo que representa un aumento del 18% respecto al cierre previsto para 2025. Esto se traduce en un crecimiento real del 3,76%. Por otro lado, los gastos para 2026 ascienden a $11.442.371.759.000, un 14,4% más de lo que se había proyectado para el año anterior. Así, la diferencia entre ingresos y gastos alcanzaría los $439.905.202.000, lo que equivale al 3,7% del total de recursos.
Emergencia en la Caja de Jubilaciones de Córdoba
La situación de la caja previsional de Córdoba es bastante particular. El oficialismo se basó en un iniciativa popular impulsada por agrupaciones de jubilados que recolectaron más de 38 mil firmas para asegurar la sustentabilidad del sistema. Es importante mencionar que la disputa entre la provincia y la Nación sobre este tema ya lleva tiempo y está judicializada ante la Corte Suprema.
En mayo, Llaryora llegó a un acuerdo con el Gobierno Nacional para recibir $60.000 millones en 12 cuotas mensuales de $5.000 millones. Sin embargo, desde su gestión denunciaron que no se están cumpliendo con los pagos correspondientes.
La reforma aprobada incluye la restitución parcial del 82% para las jubilaciones más bajas. Esto implicará un adicional mensual no remunerativo que compensará la deducción de aportes personales en el cálculo de los haberes, alcanzando así el 82% de la remuneración para cerca de 60 mil jubilados con haberes en torno a los $1.300.000.
Otra novedad importante es que el Poder Ejecutivo podrá incrementar las alícuotas de los aportes personales de los trabajadores activos hasta un 8%, siguiendo escalas progresivas que impactarán principalmente a los sectores con salarios más altos, como los empleados judiciales, bancarios, de EPEC y municipales.
El tratamiento legislativo de estos proyectos se dio en un contexto de paro y movilización de gremios estatales cordobeses que se opusieron a la suba de los aportes previsionales. Sindicatos como La Bancaria, SUOEM, Judiciales y Luz y Fuerza fueron algunos de los que se manifestaron en el centro de la capital cordobesa.