El reinicio de la actividad en la Comisión Bicameral de la Defensoría del Pueblo del Congreso de la Nación ha reavivado el debate sobre las condiciones de encierro en Argentina, abarcando tanto unidades penitenciarias para adultos como centros cerrados de menores. En este contexto, una resolución firmada por Patricia Bullrich ha alterado el acceso a espacios educativos en cárceles federales.
La comisión legislativa convocó a autoridades de la Comisión Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT), creada por esta misma Bicameral en 2017 con el objetivo de inspeccionar y monitorear todos los lugares de detención de la Argentina, tanto federales como provinciales, y mantener estándares internacionales de tratamiento en centros de personas mayores y de niños bajo custodia del Estado.
El Rol de la CNPT
Juan Manuel Irrazábal, presidente de la CNPT, destacó el trabajo realizado en capacitaciones para servicios penitenciarios y agentes del Poder Judicial, así como los desafíos que enfrentan para garantizar presupuestos mínimos que permitan investigar casos de torturas y muertes bajo custodia. También presentaron un informe al Ministerio de Seguridad sobre el monitoreo realizado el 12 de marzo en las inmediaciones del Congreso, referente al despliegue de fuerzas de seguridad.
Durante la reunión, la diputada Lilia Lemoine (La Libertad Avanza) preguntó sobre las acciones que se toman contra provincias que no homologan las sugerencias de la CNPT y la diferencia con la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN). Irrazábal explicó que podemos designar mecanismos ad hoc en las provincias para colaborar en seguimientos de situaciones.
Condiciones en los Centros Cerrados de Menores
El comisionado Gustavo Palmieri mencionó que no siempre el estándar de tortura internacional alcanza lo degradante para activar una investigación criminal, y que la CNPT opera sobre los malos tratos que son delitos y los que son faltas administrativas, a diferencia de la PROCUVIN, que se enfoca solo en situaciones legales.
El senador Fernando Salino (peronismo de Convicción Federal) cuestionó las condiciones en los centros cerrados de menores, anticipando el debate sobre el Régimen Penal Juvenil. La comisionada Rocío Alconada Alfonsín respondió que los niños son abusados, golpeados y torturados en esos lugares, subrayando que estamos condenando a personas al delito cuando las encarcelamos de tan pequeñas.
Nueva Resolución del Ministerio de Seguridad
A través de la resolución 372/2025, firmada por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, se definió no habilitar el funcionamiento de centros de estudiantes en el ámbito del Servicio Penitenciario Federal, y no permitir la permanencia de personas privadas de libertad en centros educativos fuera del horario de clases.
La resolución argumenta que la actividad de los centros de estudiantes tergiversa la finalidad de readaptación social de los internos, impidiendo el cumplimiento de las pautas del régimen de progresividad. También se cita el artículo 32 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que establece que los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás y por las justas exigencias del bien común.
El primer centro de estudiantes universitarios en una cárcel federal argentina se creó en 1985 en la Unidad de Devoto, en paralelo al lanzamiento del programa UBA XXII, que institucionalizó trayectorias de grado en contexto de encierro en toda Latinoamérica. La Comisión de Estudiantes Universitarios en Contexto de Encierro emitió un comunicado resaltando que estos espacios son pilares esenciales de las actividades académicas y representan puntos de organización y formación en defensa de los derechos humanos.
Informe de Fernando Brovelli.
