Siete de cada diez personas en Argentina no podrán jubilarse tras el fin de la moratoria. Desde el 23 de marzo de 2025, dejó de estar vigente la moratoria previsional que abarcaba, entre otras, la Ley 24.476 sancionada en 1995. A partir de esa fecha, únicamente podrán jubilarse quienes hayan reunido 30 años de aportes registrados o aquellos que cuenten con períodos anteriores a septiembre de 1993 para regularizar mediante la moratoria permanente.
La decisión del gobierno de Javier Milei de no prorrogar la última ley que permitía la compra de aportes desde 1993 ha dejado fuera del sistema a una mayoría de personas en edad de retiro. Según datos oficiales, este año aproximadamente 403.066 personas cumplen los requisitos de edad para jubilarse, pero 241.984 de ellas no lograron hacerlo por no alcanzar los 30 años de aportes exigidos, lo que equivale al 60% de quienes deberían haber accedido al beneficio. Esta exclusión es aún más severa entre las mujeres, donde siete de cada diez ya no pueden jubilarse, y entre los varones, la exclusión afecta a la mitad de quienes alcanzaron los 65 años.
El problema de la informalidad laboral
Desde hace años, el elevado nivel de informalidad laboral en el país dificulta la plena incorporación al sistema previsional. Según la Encuesta Permanente de Hogares del Indec, más de 8 millones de personas trabajaron sin registrar aportes, mayormente por decisiones empresariales y no por evasión voluntaria. La eliminación de la moratoria ha tenido consecuencias inmediatas en el sistema previsional. En 2024, de las 427.505 jubilaciones otorgadas por la Anses, 313.950 se gestionaron a través de algún régimen de regularización, lo que significa que el 75% de los nuevos jubilados recurrieron a la moratoria debido a la falta de aportes suficientes.
Desde el inicio del sistema en 2005, el esquema de moratorias permitió que más de 3,8 millones de personas accedieran a una jubilación. Este mecanismo incluyó a quienes no tenían aportes y a aquellos que trabajaron durante dos décadas o más y quedaron sin empleo poco antes de alcanzar los 30 años requeridos. Sin posibilidad de reinserción laboral, no pudieron completar los aportes faltantes. Actualmente, aquellos que nunca aportaron o que no lograron completar los años exigidos son derivados a la Pensión Universal para Adultos Mayores (PUAM), un beneficio establecido por la Ley de Reparación Histórica de 2016. Esta pensión no requiere aportes y paga el 80% del haber mínimo, aunque no otorga derecho a pensión por fallecimiento.
La ley 24.476 continúa vigente
En paralelo, continúa vigente la ley 24.476, que permite regularizar períodos de trabajo no registrados anteriores al 30 de septiembre de 1993. Esta norma, de carácter permanente, autoriza la compra de años desde los 18 años de edad hasta esa fecha. Por ejemplo, un hombre que cumpla 65 años en 2025 podría comprar hasta 15 años de aportes, siempre que tenga los 15 restantes posteriores a 1993. En el caso de las mujeres, quienes cumplan 60 años en 2025 podrían adquirir 10 años, debiendo haber trabajado los otros 20 años con aportes posteriores a la fecha límite.
La deuda previsional generada por la compra de aportes bajo esta ley puede cancelarse en un solo pago o en un plan de hasta 60 cuotas, con ajustes semestrales. En contraste, la ley 27.705, que estuvo vigente entre 2023 y 2025, era más costosa, pero permitía regularizar aportes desde 1993. Esta ley se aprobó durante la gestión de Alberto Fernández, con vigencia por dos años y posibilidad de prórroga, sin embargo, el gobierno de Milei decidió no extenderla.
Frente a esta situación, la oposición ha logrado aprobar en Diputados un proyecto para restituir la movilidad jubilatoria y reactivar la moratoria previsional. La iniciativa deberá ser debatida en el Senado. El presidente Javier Milei ya anticipó su postura, manifestando que espera que los senadores no apoyen lo que considera demagogia populista y que su compromiso es vetar cualquier cosa que atente contra el dÉFICIT CERO.
La discusión previsional se ha convertido en uno de los temas más sensibles del debate político actual. La exclusión de cientos de miles de adultos mayores del sistema de jubilaciones contributivas ha reavivado el conflicto entre oficialismo y oposición, evidenciando el impacto social de la decisión gubernamental de poner fin a las herramientas de regularización previsional.
