Casación confirma decomiso de bienes por $685 mil millones a Kirchner
La resolución que se firmó recientemente por parte de los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña puso en firme una decisión del Tribunal Oral Federal 2. Esta decisión implicaba el decomiso de 111 inmuebles con el objetivo de tratar de cubrir el monto establecido tras una condena.
Es interesante señalar que, según el fallo, el valor del decomiso ascendía a la asombrosa cifra de $684.990.350.139,86. Los jueces fueron claros al sostener que las defensas no lograron presentar una argumentación federal que justificara la intervención de la Corte Suprema.
En uno de los puntos abordados, el juez Hornos remarcó que “el delito no constituye un título legítimo para generar riqueza jurídicamente reconocida”. Su enfoque también es claro: el decomiso busca “impedir que el delito rinda beneficios”. Hay algo de lógica detrás de eso, ¿no?
Los magistrados concluyeron que los planteos realizados por Cristina Kirchner y otros defensores eran meras discrepancias con lo que ya se había decidido. No se pudo demostrar que hubiera arbitrariedad ni violaciones a garantías constitucionales. Hornos afirmó que “la sola mención de preceptos constitucionales no es suficiente” para argumentar adecuadamente los recursos.
El juez Diego Barroetaveña añadió que las defensas se limitaron a expresar su desacuerdo y subrayó que las dudas planteadas tocaban temas de derecho común, que generalmente no son abordados en este tipo de recursos.
También se reafirmó que no había evidencias de arbitrariedad en la sentencia. Para los jueces, las defensas no pudieron demostrar “defectos graves” que invalidaran la decisión judicial.
La posición del juez Borinsky
Sin embargo, en este contexto, la opinión del juez Mariano Borinsky fue algo diferente. Consideró que ciertos planteos de Lázaro Báez y de Máximo y Florencia Kirchner debían ser revisados por la Corte Suprema. Borinsky se dio cuenta de que algunos bienes decomisados pudieron haber sido adquiridos antes del 23 de abril de 2004, la fecha que se tomó como referencia para determinar qué propiedades deberían quedar incluidas.
Entre esos bienes se mencionan departamentos en Río Gallegos y lotes asociados al complejo Los Sauces. Borinsky argumentó que “el decomiso de los bienes indicados se dispuso sin el debido sustento normativo”, lo que podría afectar el derecho de propiedad y violar el principio de legalidad.
No obstante, su opinión fue minoritaria. Al final, la mayoría de la sala declaró inadmisibles los recursos extraordinarios presentados por todos los imputados y otros involucrados. Esto implica que el caso puede ser llevado a la Corte Suprema, aunque por ahora, el decomiso multimillonario sigue vigente en el marco de la causa Vialidad.