Campaña por una regulación responsable del vapeo
La venta de productos de vapeo en Argentina está prohibida desde 2011. Esa decisión, tomada por la ANMAT, implica que no se pueden comercializar, importar ni publicitar estos productos. A pesar de esto, millones de personas en el país siguen vapeando, accediendo a ellos a través de un mercado informal que no tiene límites de edad y carece de las mínimas garantías de seguridad.
La realidad es que esta prohibición no resolvió el problema, sino que lo empeoró. Hoy en día, muchos menores de edad pueden encontrar dispositivos y líquidos con facilidad, mientras que los adultos fumadores, que están buscando alternativas más saludables al cigarrillo, no cuentan con opciones legales.
Ante este panorama, la World Vapers’ Alliance lanzó la campaña Vapeo Responsable, que en poco tiempo reunió más de 15.000 firmas de argentinos que piden el fin de la prohibición y la implementación de una regulación moderna y efectiva.
“Los ciudadanos están cansados de políticas que no brindan soluciones. La gente busca respuestas reales, no más prohibiciones que solo alimentan el mercado negro”, comenta Alberto Gómez Hernández, Policy Manager de la WVA y motor de la campaña.
Una demanda ciudadana para cambiar el rumbo
La campaña busca poner en el centro del debate un tema que ha sido ignorado por la política: el vapeo es una realidad para muchos argentinos, pero el Estado prefiere mirar hacia otro lado. En lugar de regular, ha optado por prohibir y dejar el mercado a merced de la informalidad.
Y aquí viene la ironía: mientras los productos se pueden comprar sin problemas en redes sociales o kioscos, los fumadores adultos que quieren dejar el cigarro con la ayuda del vapeo no tienen la posibilidad de hacerlo de forma legal.
Vapeo Responsable propone un modelo de regulación fundamentado en la evidencia y la reducción de daños. Su idea es permitir la venta solo a adultos en tiendas especializadas, con un control de edad obligatorio, además de establecer estándares de calidad y seguimiento para todos los productos. También piden sanciones estrictas para quienes vendan a menores de edad y que el Gobierno informe sobre los riesgos de cada producto.
“Una regulación efectiva debe incluir canales de venta legal que estén fiscalizados y que controlen la edad de los compradores. Solo así podemos cerrar el acceso del mercado informal y garantizar que los menores no tengan acceso a estos productos”, asegura Gómez Hernández.
El modelo que plantean se asemeja al de países como Reino Unido, Suecia o Nueva Zelanda, donde el vapeo es parte de estrategias de salud pública que han ayudado a reducir drásticamente el tabaquismo.
Un llamado al Gobierno y al nuevo Congreso
La recolección de más de 15.000 firmas llega en un momento muy oportuno. Con las elecciones legislativas a la vista, los argentinos están pidiendo políticas de salud pública que realmente funcionen y que no repitan errores del pasado. La regulación del vapeo es un tema que va más allá de la salud individual; es una oportunidad para crear políticas más efectivas, sin importar quién esté al mando en el Congreso a partir de diciembre.
Desde Vapeo Responsable advierten que continuar con la política de prohibiciones solo empeorará la situación: los menores seguirán teniendo acceso fácil a estos productos, y el mercado negro seguirá creciendo sin control estatal.
“Mientras no se fomente un mercado regulado, el informal seguirá en aumento. Y mientras eso ocurra, los menores no encontrarán barreras, y el Estado no tendrá herramientas para impedirlo”, asegura Gómez Hernández.
La organización tiene planes de presentar oficialmente las 15.000 firmas en el Congreso en la primera semana de noviembre, buscando abrir un diálogo constructivo con legisladores de diferentes sectores. El objetivo es intercambiar ideas para cambiar la prohibición por una regulación moderna, responsable y efectiva que proteja a los menores y ofrezca opciones seguras a los adultos fumadores.