Cámaras vitivinícolas impugnan desregulación de Sturzenegger
Las principales entidades del sector vitivinícola en Argentina han decidido dar un paso firme al presentar un recurso de amparo contra las recientes desregulaciones que han afectado al Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV). La situación gira en torno a la eliminación de dos herramientas esenciales: el Certificado de Ingreso de Uvas (CIU) y la Declaración Jurada CEC 05. José Zuccardi, presidente de la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar), señala que estos mecanismos son cruciales para asegurar la trazabilidad de la producción y son fundamentales para las estadísticas que ayudan a la toma de decisiones.
El recurso fue impulsado por varias organizaciones, incluyendo la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas (Acovi), la Unión Vitivinícola Argentina (UVA), la Asociación de Viñateros de Mendoza (AVM) y la Cámara Riojana de Productores Agropecuarios (Carpa). La petición busca devolver a la obligatoriedad el CIU y CEC 05, que ahora se han vuelto opcionales.
El 6 de noviembre, se publicó en el Boletín Oficial de la Nación una resolución que derogó 973 normas que regían el sector vitivinícola, y que fue impulsada por el ministerio de Desregulación y Transformación del Estado. Zuccardi enfatiza que el vino no es un producto cualquiera; es un bien cultural con un origen específico y su desregulación puede poner en riesgo toda una identidad construida a lo largo de los años. Esta desregulación, según él, podría llevar a un mercado caótico y a la pérdida de recaudación fiscal para el Estado.
En medio de este contexto, los ministros de Producción de provincias vitivinícolas como Salta y La Rioja, han enviado un pedido formal al ministro de Economía. En su carta, respaldan reformas que busquen mayor eficacia y desburocratización, pero siempre que se respete la calidad de los productos y los derechos de quienes forman parte de la cadena productiva. Coinciden en la importancia de mantener herramientas como el CIU y CEC 05.
La situación del sector no es fácil. Actualmente, enfrenta una notable caída en el consumo interno, con menos exportaciones y un incremento en las importaciones. En Mendoza, este panorama ha encendido alarmas, como lo demuestra el reciente anuncio del concurso preventivo de acreedores de Bodega Norton, una de las bodegas más emblemáticas del país. La jueza encargada del caso solicitó a la bodega un depósito inicial de $13,5 millones para cubrir los gastos del proceso que busca evitar su quiebra.
Parece que el clima es tenso en el mundo del vino argentino. Los productores están preocupados y esperan que se puedan encontrar soluciones antes de que la cosecha de 2026 comience bajo un régimen más laxo en controles y certificaciones. Por ahora, los ojos están puestos en cómo se desarrollarán las negociaciones entre el sector y las autoridades, mientras las bodegas buscan mantener su calidad y prestigio en un mercado cada vez más competitivo.