Buenos Aires declara emergencia económica y aumenta disputa municipal
La administración de Axel Kicillof y la legislatura bonaerense aprobaron recientemente la declaración de emergencia económica para toda la provincia de Buenos Aires, incluyendo sus 135 municipios. Esta decisión se tomó en el contexto del Presupuesto 2026, que fue validado en una sesión a altas horas de la madrugada. La emergencia se extenderá hasta el 31 de marzo de 2027, marcando un período de acción para enfrentar retos económicos.
Además, se dio luz verde a la Ley Impositiva, pero la Ley de Financiamiento, que permitiría un endeudamiento de u$s3.035 millones, quedó en suspenso. Esto se debe a ciertas tensiones sobre cuánto dinero se destinaría directamente a las intendencias, un aspecto clave para el funcionamiento local.
El fundamento de la emergencia económica se basa en la profunda recesión y en las dificultades que ha tenido el Estado Nacional para hacer las transferencias que son esenciales. Esta situación ha perjudicado el federalismo fiscal y ha puesto en riesgo servicios vitales para los bonaerenses, algo que preocupa a muchos ciudadanos.
Qué aprobó la legislatura de la provincia de Buenos Aires
En la sesión nocturna, se aprobó un gasto total de 43 billones de pesos. Esto incluye presupuestos específicos para Diputados y Senadores, que representan alrededor del 0,9% del total, unos $387.000 millones. Cabe destacar que estos montos se votaron sin una difusión pública detallada de sus destalles, lo que generó algo de incertidumbre.
La pieza clave que aún falta es la Ley de Financiamiento. Kicillof solicitó autorización para tomar esos u$s3.035 millones con el fin de saldar deudas previas que afectan la administración provincial. Gustavo Pulti, legislador de Unión por la Patria, resaltó la relevancia de este presupuesto y la Ley Impositiva, pero la falta de la Ley de Financiamiento plantea un tema complicado.
La discusión que ralentizó este proceso giró en torno al Fondo de Fortalecimiento de Inversión Municipal. Aunque se acordó un fondo de $352.000 millones, no se llegó a un consenso sobre cuánto se transferiría directamente a los municipios, un tema delicado para muchas localidades. Un legislador de UCR + Cambio Federal expresó su desacuerdo ante la propuesta de reducir el monto sugiriendo que “es inaceptable”.
El debate por el endeudamiento
La versión original del proyecto prevía distribuir el 8% de un endeudamiento de u$s1.990 millones hacia los municipios. Sin embargo, el Ejecutivo aceptó ampliar ese porcentaje al total del nuevo endeudamiento solicitado. A pesar de esta modificación, todavía hay sectores en Unión por la Patria que mantienen diferencias sobre la cantidad real de deuda que necesita Kicillof, incluso asegurando que podrían ser u$s3.685 millones, una cifra más alta de la que inicialmente se había comunicado.
Recientemente, Kicillof se reunió con el intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, para asegurar el apoyo al Presupuesto y la Ley Impositiva. Allí también se discutió la futura estrategia legislativa y la necesidad de continuar trabajando en la Ley de Financiamiento.
Nueva carga impositiva sobre títulos nacionales
Entre los cambios propuestos en la Ley Impositiva, se incorporó una alícuota del 9% sobre las rentas que obtienen las entidades financieras al invertir en títulos públicos emitidos por Nación. Este impuesto no se aplicará a bonos de otras provincias ni de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ni tampoco a los instrumentos emitidos por municipios o obligaciones de empresas privadas.
El nuevo artículo que se aprobó modificó incluso el Código Fiscal, que define las exenciones de Ingresos Brutos en el sector financiero. Sin embargo, ha generado polémica entre los legisladores, destacando las preocupaciones sobre su posible impacto.
Matías Ranzani, del PRO, calificó como “demencial” esta nueva carga impositiva y pidió que Kicillof no promulgue esa modificación. Aún así, la propuesta fue aprobada por la mayoría, lo que refleja el complejo panorama legislativo actual.
Qué significa declarar la emergencia económica
Cuando un gobierno se declara en emergencia, ya sea económica o fiscal, se activa un sistema que permite agilizar trámites y decisiones administrativas. Esto facilita que el Gobierno implemente medidas sin necesidad de la aprobación inmediata del Congreso, algo que puede ser crucial en tiempos de crisis.
La Ley de Emergencia Económica otorga al Poder Ejecutivo capacidades extraordinarias, como modificar tasas impositivas o reasignar fondos. Históricamente, este tipo de legislación ha sido utilizada en momentos críticos, y su vigencia se ha prorrogado en diversas oportunidades a lo largo de los años, adaptándose a las necesidades del momento.
En resumen, ante la realidad económica actual, la declaración de emergencia económica en Buenos Aires representa una herramienta que busca desafíos inmediatos, ofreciendo al gobierno mayor flexibilidad para responder a la crisis que enfrenta la provincia.